Éxito Noticias, 27 de enero 2026.- El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Boris Arias, explicó en una entrevista con radio Éxito que el órgano constitucional no decide sobre la personería jurídica de los partidos políticos, función que corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Arias destacó que la reciente acción de inconstitucionalidad planteada por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) fue rechazada por no cumplir los requisitos mínimos de admisión, ya que “no ha generado una duda en los magistrados sobre por qué la norma es inconstitucional”.
El TCP solo revisa posibles conflictos con la Constitución o vulneraciones de derechos de garantía, pero no interviene directamente en los procesos electorales. Arias subrayó que la decisión sobre la pérdida de personería jurídica de UCS recaerá nuevamente en el TSE, remarcando que “el Tribunal Constitucional no decide sobre la suerte de los partidos políticos”.
El magistrado también comparó el caso de UCS con el de Acción Democrática Nacionalista (ADN), señalando que las diferencias no corresponden al TCP sino al órgano electoral.
En relación a la gestión interna del TCP, Arias detalló que se han aprobado reglamentos clave para transparentar los procesos y optimizar la administración de causas. Entre ellos, mencionó el reglamento de avocaciones, que permitirá unificar criterios en la resolución de casos, y el reglamento de la comisión de admisión, que busca garantizar transparencia en los sorteos y en la atención de solicitudes de admisión. “Estamos trabajando en un piloto para reducir las causas del tribunal”, señaló, y adelantó que en las próximas semanas se presentará un informe con estadísticas y planes para descongestionar el órgano.
Asimismo, Arias resaltó la necesidad de convocar elecciones judiciales para completar la composición plena del TCP, actualmente con cinco magistrados faltantes. Esto se enmarca en un proyecto de ley transitoria que la Cámara de Senadores prevé aprobar en la primera semana de febrero, el cual permitirá que la presidenta del TCP forme quórum y organice las salas para resolver causas pendientes.
El magistrado enfatizó que estas medidas buscan garantizar legitimidad y cumplimiento de la Constitución, además de acelerar la resolución de causas de larga data, como las relacionadas con la carrera administrativa y la jurisdicción especializada, y asegurar el cumplimiento de sentencias pendientes desde hace décadas.
Arias concluyó que el objetivo principal del TCP es proteger derechos de garantía y asegurar que la labor legislativa respete las sentencias constitucionales. “Se deben cumplir porque de lo contrario se afectarían derechos de garantía”.
