Éxito Noticias, 15 de diciembre 2025.- El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reveló que 14 empresas públicas provocaron la pérdida de 2.205 millones de dólares de las Reservas Internacionales, lo que se señala como una de las principales causas de la actual crisis económica y la inestabilidad financiera del país.
Entre las compañías implicadas se encuentran EBA, ECEBOL, EEPAF, EMAPA, ENVIBOL, QUIPUS, SENATEX, YACANA, MUTÚN, BOA, Editorial del Estado, EASBA, EBIH y YLB. Lupo indicó que mientras en 2006 había nueve empresas públicas, actualmente existen 67, de las cuales 45 son nuevas y 22 subsidiarias; cuatro de ellas ya fueron cerradas con una pérdida directa de 122 millones de dólares.
El ministro denunció la existencia de empresas “zombies” con patrimonios negativos, que requieren 697 millones de bolivianos solo para cubrir deudas, y detalló que del plan de 174 plantas industriales, solo 40 fueron entregadas, 134 están en construcción y 19 funcionan; 60 se consideran inviables, generando un daño de 1.132 millones de dólares.
“El 28% de los desembolsos de estos créditos fueron a crear 14 empresas inviables, se volvieron un instrumento de corrupción. Cuatro de estas empresas ya están cerradas y cinco están en quiebra técnica. Esto equivale a 2.205 millones de dólares, en estas 14 empresas completamente inviables. Estas 14 empresas, sólo a nivel de ilustración, que fundieron 2.205 millones de dólares de nuestras reservas internacionales, que quiero además aclarar que el hecho de que Bolivia tenga una crisis económica sin precedentes, una inestabilidad financiera y cambiaria, se debe justamente a la ausencia de reservas internacionales que fueron completamente licuadas a través de este proceso de creación de empresas”, remarcó Lupo.
El costo total de la corrupción en empresas públicas y plantas industriales alcanza los 2.595 millones de dólares, y en los próximos 90 días el Estado deberá afrontar 222 millones de dólares en deudas de compañías que no generan ingresos.
Lupo anunció una investigación técnica y financiera, sin descartar que la Comisión de la Verdad amplíe su trabajo al sector de empresas públicas. Además, se prevé una reingeniería fiscal que incluirá reestructuración de empresas, auditorías y determinación de responsabilidades de las autoridades que autorizaron los gastos.
