Éxito Noticias, 1 de octubre 2026.- El vicepresidente Edmand Lara cuestionó la decisión de adelantar para este viernes la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocada para abordar el caso del fiscal general Roger Mariaca. Lara, quien se encuentra en España por una misión oficial, recordó que había programado inicialmente la sesión para el lunes 5 de octubre con el objetivo de conocer información oficial sobre todas las personas mencionadas en un informe de Estados Unidos y definir, a partir de esos datos, si correspondía una investigación parlamentaria.
En un comunicado difundido este jueves, el vicepresidente señaló que la nueva convocatoria, emitida por el presidente del Senado, Diego Ávila, modificó el objeto planteado inicialmente y concentró el debate en la aprehensión de Mariaca. Ávila asumió temporalmente la conducción de la Asamblea ante la ausencia de Lara y fijó la sesión para este viernes a las 09:30, argumentando razones de urgencia institucional.
Lara sostuvo que cualquier decisión sobre la continuidad del Fiscal General debe sujetarse a los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. En ese sentido, advirtió que una eventual cesación mediante una votación del pleno, sin una causal legal previamente configurada, vulneraría las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. “La aprehensión, por sí sola, no produce esa vacancia”, afirmó.
El vicepresidente también rechazó que una norma denominada “excepcional” pueda estar por encima de la Constitución y sostuvo que para sustituir a Mariaca antes de que concluya su mandato debe existir una vacancia legalmente establecida. Su posición coincide con la advertencia de que la Asamblea puede debatir y fiscalizar el caso, pero no utilizar la sesión para saltarse los procedimientos previstos para la destitución o designación de un nuevo Fiscal General.
Finalmente, Lara llamó a los legisladores a preservar el Estado democrático y constitucional de derecho y alertó sobre las consecuencias de establecer precedentes al margen de la ley. Señaló que permitir una destitución sin el procedimiento correspondiente podría abrir la puerta a que, en el futuro, otras autoridades —como parlamentarios, jueces o magistrados— sean apartadas mediante decisiones políticas y sin respetar las garantías constitucionales.
