Éxito Noticias, 3 de octubre 2024.- El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, emitió una fuerte crítica a la gestión del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, en el manejo del proceso penal contra el expresidente Evo Morales, quien enfrenta un proceso por trata y tráfico de personas y estupro relacionado con una denuncia presentada por un hecho ocurrido en 2015.
La denuncia involucra a una menor de 15 años, vinculada presuntamente a un grupo juvenil del Movimiento Al Socialismo (MAS), que tuvo un hijo con Morales, actualmente de ocho años. Del Castillo expresó su rechazo ante el hecho de que la orden de aprehensión emitida contra Morales haya sido anulada por una “acción de libertad” en Santa Cruz.
Durante una conferencia de prensa, Del Castillo cuestionó la decisión de Lanchipa de destituir a la fiscal Sandra Gutiérrez y a otros dos fiscales que estaban investigando el caso, por supuestamente no obedecer su orden de no investigar.
“¿Dónde está el Concejo de la Magistratura para iniciar un proceso investigativo? ¿Qué condiciones tienen las víctimas de violación en nuestro país si tenemos esta clase de administradores de justicia?”, inquirió el Ministro.
El Ministro enfatizó la necesidad de que Lanchipa rinda cuentas al pueblo boliviano sobre su actuación en este caso y los motivos detrás de la destitución de fiscales que, según él, estaban cumpliendo con su deber de buscar la verdad. “El señor Lanchipa debe salir a contar su verdad”, declaró Del Castillo, quien también hizo un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.
Asimismo, Del Castillo mostró su preocupación por la posibilidad de que existan otros casos de violaciones y abusos relacionados con Morales y destacó la responsabilidad moral del exministro Carlos Romero, quien ocupaba el cargo durante el período en que ocurrieron los hechos denunciados.
“Nosotros no descartamos que existan otros presuntos hechos de violación presuntamente cometidos por el autor que todo el pueblo boliviano conoce, estamos investigando”, afirmó.
El ministro de Gobierno se comprometió a brindar todas las garantías constitucionales de protección a las víctimas y aseguró que el Gobierno intervendrá en el proceso judicial para asegurar que se haga justicia.
“No podemos seguir viviendo en un país donde quienes violan a niños estén en libertad”, concluyó Del Castillo, manifestando su voluntad de actuar en defensa de las víctimas y de garantizar su seguridad.
