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    Justicia conceda la tutela al presidente de Diputados para que las sesiones puedan desarrollarse sin violencia

    Éxito Noticias, 21 de noviembre 2024.- La justicia concedió la tutela al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, para que las sesiones en la Cámara Baja puedan desarrollarse en tranquilidad y evitar nuevos hechos de violencia. Con esa resolución, los legisladores evistas están prohibidos de acercarse a la testera mientras duren las sesiones.

    “De forma unánime decide concederla la solicitada en parte por el accionante en cuyo efecto ordena a los legisladores identificados como recurridos se abstengan de realizar cualquier acto o conducta agresiva de hecho o con agresión psicológica contra los accionantes o cualquier otro miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al igual se inhiba de crear desorden durante el desarrollo de las sesiones plenarias de la Cámara de Diputados y la sesión de la Asamblea, todo esto bajo alternativa de ley”, señaló parte de la resolución.

    El amparo constitucional ordena a los legisladores identificados como “agresores” Gladys Chuamcero, Gladys Quispe, María Alanoca de Tintaya, Alessandra Zenteno, María Cristina Choque, Santos Mamani, Héctor Arce, Gualberto Arispe e Ignacio Renán Cabezas, entre otros, que cesen su conductora obstructiva y agresiva, absteniéndose de cualquier acto de intimidación, agresión física o verbal, desorden durante el desarrollo de las sesiones plenarias de la Cámara de Diputados y sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

    De igual forma se insta a los accionantes y a todos los miembros del Órgano Legislativo, vale decir asambleístas hacer uso oportuno e idóneo de todos los medios que tienen para hacer valer sus derechos respecto a la normativa vigente, del reglamento de ética de la Cámara de Diputados, así como de los medios que tienen para realizar las denuncias correspondientes, ante los Órganos del Estado que corresponda como el Ministerio Público y Policía Boliviana.

    Se dispuso la remisión de esta decisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para supervisión conforme lo establece el artículo 38 de la Constitución.

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