Éxito Noticias, 24 de agosto 2022.- El juez de La Guardia, Rodrigo Vedia, benefició con medidas sustitutivas a la detención preventiva al abogado Rodrigo Gonzales, que había sido detenido y enviado a prisión junto a Misael Nallar, por el triple asesinato de uniformados de Porongo, en Santa Cruz.
El jurista deberá cumplir arresto domiciliario sin escolta policial, arraigo, derecho al trabajo, pagar una fianza de Bs 100.000 y no relacionarse con los demás investigados en el proceso.
La autoridad jurisdiccional consideró que se desvirtuaron los riesgos procesales, especialmente, el peligro de fuga, y que Gonzales no fue mencionado por los testigos protegidos que declararon ante la cámara Gesell.
En la audiencia, el Ministerio Público, a través del fiscal Marcos Arce, indicó que no se opone al pedido de libertad del acusado y su situación jurídica mejoró tras la declaración de testigos protegidos. Por su parte, los abogados de la defensa de las víctimas Jéssica Echeverría y Juan Pablo Ibáñez rechazaron la determinación judicial.
Recordaron que la misma Policía y Fiscalía, en su imputación, certificaron que Gonzales dio positivo a la prueba de guantelete, realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), y que era uno de los primeros cómplices por la ejecución de los dos policías y el voluntario del Gacip en el municipio de Porongo.
El 24 de junio, la justicia dictaminó prisión preventiva en el penal de Palmasola para el abogado acusado por el delito de asesinato en grado autoría. Junto a él también fue procesado Misael Nallar y el ciudadano colombiano Esteban Beltrán Muñoz.
Por este caso, Nallar cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en La Paz; mientras que, Beltrán permanece en la cárcel de El Abra, en Cochabamba.
El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, informó el martes que cuatro personas, plenamente identificadas, son los que participaron en la ejecución de tres uniformados el 21 de junio. Parlamentarios de oposición cuestionaron la afirmación de la autoridad y señalaron que se busca “encubrir” a otros involucrados en el caso, entre ellos, presuntamente uniformados.
