La Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones pidió al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional que el crédito de 100 millones de dólares otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) sea fiscalizado minuciosamente, con el fin de evitar que los recursos terminen en actos de corrupción. El pronunciamiento fue realizado por el secretario general de la organización, Rodolfo Ayala, en medio del debate parlamentario sobre la aprobación del préstamo.
Ayala señaló que el país atraviesa una difícil situación económica y que el Gobierno debe “cambiar de actitud” para garantizar que los recursos externos se utilicen de manera transparente. “Este crédito debe ser fiscalizado y no puede ir a la corrupción. Lo que pedimos es que se cambie la situación económica que atraviesa nuestro país”, manifestó. El dirigente cuestionó además las prácticas dentro del Parlamento, asegurando que persisten dinámicas poco transparentes. “En el parlamento están entre familiares, se deben cambiar las viejas prácticas”, dijo, aludiendo a la necesidad de mayor independencia y control en la toma de decisiones sobre créditos internacionales.
Ayala advirtió que los préstamos externos terminan afectando directamente a la población boliviana, ya que son los ciudadanos quienes deben asumir el pago de la deuda. “En este tema de los préstamos, los que más sufrimos las consecuencias somos los bolivianos, porque cuando se presta plata del exterior, los que tienen que pagar esa plata somos los bolivianos”, enfatizó.La Confederación de Jubilados reiteró su llamado a que la Asamblea Legislativa y el Gobierno nacional garanticen mecanismos de fiscalización efectivos para el crédito de JICA, asegurando que los recursos se destinen a proyectos que beneficien realmente al país y no se conviertan en un nuevo caso de corrupción. El debate sobre la aprobación del préstamo continuará en las próximas sesiones parlamentarias.
