Éxito Noticias, 29 de septiembre 2022.- El Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) remitió, después de más seis meses de ser solicitado, su informe al Congreso de ese país en el que ratifica las irregularidades detectados en el proceso electoral boliviano de octubre de 2019 y también exhortó a las autoridades nacionales implementar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre la violación de los derechos humanos entre 2019 y 2020.
En marzo de este año, el Congreso de EEUU pidió, a través de una Ley, al secretario de Estado indagar la legitimidad de las elecciones generales de 2019 en Bolivia y el avance de las investigaciones por la violación de derechos humanos ocurrido en ese periodo.
El informe ratifica que el equipo auditor de la Organización de Estados Americanos (OEA) “encontró irregularidades” en el sistema informático del Centro de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y los resultados finales, la cadena de custodia electoral, la legalidad e integridad de los formularios de resultados, y una tendencia estadísticamente improbable en el 5% final de los resultados.
También hace referencia a un corte inexplicable e “intencional” del internet durante el conteo de votos, cuando Evo Morales tenía una ventaja de 8 puntos sobre el segundo candidato, Carlos Mesa, pero después del corte, el conteo mostró que el exmandatario estaba listo para una victoria en primera vuelta.
Menciona que el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, renunció a modo de protesta frente a la “decisión del TSE de suspender la publicación de resultados del TREP”, según constan en su carta de dimisión del 22 de octubre de 2019.
Detalla que “el informe señaló que tomaron una serie de acciones deliberadas para alterar los resultados”, a través de la manipulación de los votos, tanto en las actas como en el procesamiento de resultados. Para lograr esto, la OEA detectó que se “construyó deliberadamente una infraestructura informática oculta con la capacidad de cambiar los resultados de la elección y borrar cualquier rastro de haberlo hecho”.
Asimismo, el documento indica que el proceso electoral de octubre de 2020, considerado libe y justo por las observaciones independientes, incluida la OEA, “representó una mejora significativa con respecto al proceso de 2019”.
“Las instituciones sin fines de lucro continúan sus esfuerzos para apoyar las elecciones legítimas y transparentes en Bolivia a través de la observación, capacitación e investigación electoral”.
concluye sobre el primer punto el informe del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras, y Ley de Asignaciones de Programas Relacionados, 2022, publicado este jueves.
Recuerda que en diciembre de 2019, la OEA publicó su informe final de 100 páginas que ratificó su reporte preliminar, citó también los reportes de la Unión Europea (UE) apoyando estas conclusiones y hacen referencia al informe de la consultora Ethical Hacking sobre la manipulación de los servidores.
En el segundo punto del informe remitido al Congreso de EEUU, el documento se basa en el informe del GIEI-Bolivia, sobre los hechos de violencia entre septiembre y diciembre de 2019 –durante los gobiernos de Evo Morales y Jenianine Áñez– en los que señala la violación de derechos humanos, además de investigaciones de Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional.
El reporte relata los abusos del oficialismo a políticos de oposición, y en la administración de Áñez, los abusos contra simpatizantes del MAS. Afirma que las conclusiones fueron aceptadas por todos los actores bolivianos, tanto gobernantes como opositores.
El grupo de expertos del Departamento de Estado, después, inició con el “análisis” del Gobierno de Luis Arce e informó que decreto de amnistía 4461 fue diseñado para beneficiar a los dirigentes del MAS que eran procesados por delitos eminentemente políticos.
“La implementación que el gobierno de Arce ha hecho del informe del GIEI sigue siendo en gran medida parcial, aprovechando el informe del GIEI como fundamento para enjuiciar a opositores, a pesar de que el GIEI concluyó que tanto los grupos pro-MAS como los anti-MAS cometieron violaciones”.
añade el documento.
Afirma que al menos 41 exfuncionarios del Gobierno de Áñez son procesados por tres delitos, principalmente, terrorismo, sedición y genocidio. Más adelante, señala que pese a la urgencia de estos casos y las recomendaciones del GIEI, los casos se encuentran estancados en la justicia.
En ese marco, el reporte destacó las conclusiones del relator especial de la ONU, Diego García Sayán, sobre los problemas significativos en el sistema judicial del país, incluida la falta de acceso e independencia judicial, corrupción, protección deficiente para mujeres y grupos indígenas.
Finalmente, en su parte conclusiva, el reporte cita la postura del Gobierno de los EEUU que insta a Bolivia cumplir las recomendaciones del GIEI “de manera justa y transparente”.
