Asambleístas presentan acción popular para que el Gobierno realice el censo “lo más antes posible”

Éxito noticias, 29 de octubre 2022.- Cinco asambleístas, entre nacionales y departamentales, presentaron una acción popular ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz para que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) afirman que el recurso no tiene fundamente legal.

“Estamos pidiendo al juez constitucional que pueda ordenar el cumplimiento de la normativa que se emitió tanto por el órgano Ejecutivo y el Legislativo”.

declaró el asambleísta departamental de la bancada de Somos Pueblo, Israel Alanoca.

Precisó que el objetivo de esta acción popular es que un juez constitucional instruya al Gobierno cumplir con las normativas aprobadas para realizar la encuesta nacional en 2022.

“Estas leyes no han sido modificadas, abrogadas o derogadas, si bien se ha modificado un decreto supremo, estas leyes aún están vigente, por lo tanto, hemos pedido al juez que pueda ordenar el cumplimiento de estas y exhortar al Gobierno a hacer las gestiones para que se haga el censo lo más antes posible”.

agregó.

A mediados de julio, la administración del presidente Luis Arce publicó el Decreto Supremo (DS) que establece la postergación del censo para mayo o junio de 2024, a solicitud del Consejo Nacional de Autonomías (CNA). Dicha medida es rechazada por diferentes regiones, principalmente Santa Cruz.

Se trata del Decreto Supremo 4760 firmado por el gabinete de ministros de Estado, que modifica el DS 4546 del 21 de julio de 2021 que había establecido el 16 de noviembre de 20222 como fecha del Censo.

Por su parte, el diputado del MAS, Juanito Angulo, rechazó la iniciativa de los asambleístas y afirmó que la acción popular no tiene “ni pies ni cabeza”.

Según el parlamentario, la fecha de realización de la encuesta nacional es “atribución directa” del Gobierno, pero por la unidad, abrió diferentes espacios para conocer el criterio de las autoridades subnacionales y rectores de las universidades públicas del país.

“Una minoría no puede imponerse a la mayoría, por tanto, esa acción popular no tiene asidero legal y, es más, no se apega a la Constitución”.

dijo.

Por el contrario, planteó interponer el recurso judicial contra el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que impulsa un paro indefinido en el departamento, que cumple su octavo día, por generar perjuicios a la población cruceña.