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Cabildo en La Paz da 14 días al Gobierno para atender demandas y advierte con bloqueo nacional

Éxito Noticias, 10 de octubre 2022.- Cocaleros de los Yungas, gremiales y sectores aliados, en un cabildo realizado en la plaza San Francisco de La Paz, determinaron dar un plazo de 14 días al Gobierno para atender sus demandas. Caso contrario, amenazan con activar bloqueos en todo el país.

Previo a la concentración, las organizaciones sociales protagonizaron una marcha que recorrió diferentes calles de la Sede de Gobierno.

“Lo que hemos quedado de acuerdo con los dirigentes es dar un plazo de 14 días al Gobierno central, si no hace caso, tendremos que bloquear en todo el territorio nacional”.

dijo el dirigente de los comerciantes de la ciudad de El Alto, Toño Siñani.

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) fue una de las organizaciones impulsoras del cabildo, al igual que la Confederación Nacional de Gremiales y la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB).

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El sector cocalero demandó la abrogación de la Ley General de la Coca (906), el cierre al mercado paralelo de la coca, ubicado en la zona de Villa El Carmen, el cese a la persecución de dirigentes y la liberación de sus dirigentes, entre ellos su presidente, Freddy Machicado.

El primer punto del pliego aprobado exige la libertad para los detenidos de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y otras organizaciones sociales, además de respeto al fuero sindical.

También se exigió al Gobierno el cese de la persecución a dirigentes sindicales de las diferentes organizaciones sociales del país.

El tercer punto del documento pide la abrogación de la Ley 906, la Ley 1455 de protección de las Actividades Desarrolladas por las y los Trabajadores Gremiales por Cuenta Propia y el Decreto 4757, que instituye el “colaborador eficaz” en la lucha contra la corrupción.

De igual forma, los sectores convocados solicitaron al Gobierno la creación de políticas para la protección de la producción nacional y una reactivación económica “real”, que permita cubrir las necesidades básicas de la canasta familiar.

Finalmente, al igual que el movimiento cívico en otras regiones del país, el cabildo exigió la realización del Censo de Población Vivienda en 2023.

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