Defensoría acude a la justicia para interrupción del embarazo de una niña y anuncia procesos
Éxito Noticias, 27 de octubre 2021.- La Defensoría del Pueblo anunció que impulsará tres acciones legales por el desistimiento del proceso de interrupción del embarazo de una niña de 11 años, que fue violada por el padre de su padrastro en Yapacaní (Santa Cruz).
En rueda de prensa, la titular de la entidad, Nadia Cruz, explicó que, primero, se presentará acción de libertad en contra de la Defensoría de la Niñez del Municipio de Yapacaní y de Santa Cruz, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y el hospital Maternidad Percy Boland, con la finalidad de que la justicia constitucional ordene la interrupción del embarazo.
En segundo lugar, se presentará una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para que el Estado asuma medias de protección y salvaguarda en favor de la niña”.
“Existe un riesgo inminente respecto a la vida, salud integral y la dignidad de la menor. En ese sentido, solo por el hecho del embarazo de una menor de 11 años o la suspensión del tratamiento legal del embarazo, ya (se) constituye (en) un riesgo inminente y al estar en peligro la vida, salud e integridad (de la menor) nos encontramos ante un daño irreparable”.
manifestó.
Finalmente, la entidad defensorial planteará una denuncia penal contra los médicos que atendieron a la menor en el centro hospitalario, los grupos religiosos, la CEB, y contra la madre de la niña, por los delitos de incumplimiento de deberes, trata de personas con fines de disposición de ser humano y guarda, y embarazo forzado.
Según Cruz, la sanción por estos delitos tiene entre 15 y 20 años de cárcel.
La niña que es de Yapacaní tiene un embarazo de 21 semanas de alto riesgo. La interrupción de la gestación estaba contemplada, empero un documento firmado por la madre frenó la intervención.
La niña fue dada de alta de la Maternidad Percy Boland, de la ciudad de Santa Cruz, mientras su agresor, de 61 años, fue encarcelado en la ciudad de Montero. Los familiares de la niña y ella (mediante una carta manuscrita) piden la continuidad del embarazo, mientras el caso es tema de debate en la sociedad y cuestionado, a favor y en contra, por las autoridades bolivianas.