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Fiscalía justifica detención de Melina Lima; jueces se declaran en emergencia y alertan desprotección

Éxito Noticias, 21 de octubre 2021.- La Fiscalía de La Paz justificó la aprehensión de la jueza Melina Lima acusada por extinguir un proceso penal contra la familia Doria Medina en el marco del caso Akapana, mientras que la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap) se declaró en emergencia y consideraron que está acción sienta un precedente por el cual los administradores de justicia pueden ser detenidos en base a criterios subjetivos.

La jueza Lima fue denunciada por el Viceministerio de Transparencia, luego de presentar una denuncia por prevaricato en su contra, por haber determinado extinguir un proceso contra el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina y sus familiares, quienes son investigados por presuntamente evadir tributos con la venta de acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a un consorcio mexicano, a través de a través de la empresa Akapana, establecida en Panamá.

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El fiscal de materia Manuel Saavedra indicó que se aprehendió a la juez debido a la cuantía de la pena de los delitos que se le acusa, además de probabilidad de fuga y obstaculización de las investigaciones.

Afirmó que Lima no realizó adecuadamente el cálculo del tiempo de prescripción del caso, pero además el delito investigado de legitimación de ganancias ilícitas es imprescriptible, de acuerdo con la Ley Marcelo Quiroga.

Según Saavedra, en el caso contra Doria Médica se investiga la omisión tributaria de 294 millones de bolivianos.

Por su parte y mediante un comunicado, la Amalap aclaró que no se opone a la investigación contra la juez, pero no entiende la razón de su detención.

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La asociación de jueces recordó que, si bien los administradores de justicia no gozan de fuero o privilegio alguno, advirtió que “si se consolidan estos hechos por demás infundados y arbitrarios se genera una desprotección total para la administración de justicia, ya que nuestro trabajo es precisamente resolver los conflictos penales y este trabajo no puede considerarse delictivo”.

Mencionó dos sentencias constitucionales, las cuales establecieron que ninguna autoridad está facultada para calificar de correcta e incorrecta la conducta de un juez y que, en ningún caso, las decisiones de las autoridades jurisdiccionales pueden dan lugar a sanción alguna, ya que en el principio de independencia judicial supone la libre apreciación y resolución.

“El Estado está en la obligación de garantizar el desarrollo de la función jurisdiccional libre de presiones, en base al principio de independencia e imparcialidad. Con este hecho se sienta un precedente contra el trabajo de todos los Jueces del país que, en cualquier momento, por un criterio subjetivo de aplicación normativa u otros intereses, pueden ser aprehendidos y detenidos”.

dice parte del documento.

Ante esta situación, los jueces de La Paz se declararon en estado de emergencia hasta que se reparen los derechos y garantías vulnerados a la juez Melina Lima.

Advierten, además, con acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para la reparación de los derechos y garantías.

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