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Legislativo tratará abrogación del decreto de amnistía que favoreció a masistas

Éxito Noticias, 19 de octubre 2021.- El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocó a sesión del pleno de diputados y senadores para este jueves, con el objetivo de trata la abrogación del Decreto Presidencial 4461 de Concesión de Amnistía e Indultó, norma cuestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La norma, que data del 18 de febrero de 2021, fue aprobada por el Movimiento al Socialismo (MAS), a pesar de una serie de observaciones y criticas al considerarla como un decreto que otorgaba impunidad a los responsables de varios hechos hechos de violencia sucedidos en medio de la crisis de 2019.

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Además, de favorecer a un grupo de reclusos, la norma también beneficio a procesados en el Gobierno de transición, entre ellos militantes del MAS.

La convocatoria publicada por la Presidencia del Legislativo indica que sesión de la ALP se realizará el jueves a horas 14:00, en el orden del día está previsto “abrogar el Decreto Presidencial 4461”.

Uno de los primeros organismos en observar el decreto presidencial fue la Human Rights Watch (HRW), que considero que la norma “parece dirigida a favorecer a partidarios del Gobierno y permite la impunidad por delitos graves y abusos”.

En agosto, el GIEI-Bolivia emitió su informe sobre los hechos de violencia de 2019. Entre sus observaciones está el decreto que promulgó el presidente del Estado, Luis Arce, para para favorecer a los procesados durante la gestión de Jeanine Áñez.

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El grupo de especialistas señaló que es una medida asociada a la impunidad, precisó que no es un buen instrumento desde la perspectiva de los derechos humanos. En el acto de entrega del informe final del GIEI, el gobernante anunció que procedería con la abrogación de la norma.

El decreto presidencial menciona que se concede el beneficio de indulto a las personas que fueron procesadas penalmente entre octubre de 2019 y 17 de octubre de 2020 por la presunta comisión de los delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales durante la crisis política y social ocurrida en el país.

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