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Gremiales advierten con un paro de 72 horas contra la Ley antilegitimación

Éxito Noticias, 13 de octubre 2021.- La Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia advirtió con un paro de 72 horas a partir del próximo lunes exigiendo la anulación del proyecto de Ley 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas, ante el silencio del Gobierno respecto al ultimátum que otorgó el sector para dejar sin efecto la norma.

El secretario ejecutivo del sector gremial, Francisco Figueroa, informó que el gremio desarrollará un ampliado de emergencia en Cochabamba este viernes, donde se definirán las acciones que asumirán en contra de la propuesta legislativa.

No obstante, la extrema medida fue ratificada por el sector y entrará en vigencia si el Gobierno no desiste del proyecto de Ley o remita alguna respuesta a su demanda o una convocatoria al diálogo hasta este viernes. “Si no hay respuesta, la próxima semana, el lunes, martes y miércoles, sería el paro de 72 horas”, dijo el dirigente.

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Figueroa manifestó que los afiliados del sector consideran la norma atenta contra la seguridad económica de todos los sectores del país y es inconstitucional, por lo que reactivarán medidas de presión con mayor organización. Indicó que se realizan acercamientos con otros sectores como choferes, cooperativistas mineros, entre otros, para unificar movilizaciones.

“(Los afiliados de) la confederación nos estamos reuniendo en la ciudad de Cochabamba para implementar más medidas (de presión). La Ley perjudica al sector gremial, la (norma) 218 es la más sancionatoria”.

expresó.

El dirigente señaló que, luego de que el Gobierno anule la propuesta legislativa, el sector estará dispuesto a entablar mesas de trabajo con el Ejecutivo para realizar una nueva normativa contra el lavado de dinero.

Los gremiales del país acataron un paro de 24 horas en contra del proyecto de Ley de legitimación de ganancias ilícitas y junto a otros sectores dieron un plazo de 72 horas al gobierno para que anule la norma.

Sin embargo y a pesar del ultimátum, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, afirmó que no se anulará la normativa que ni siquiera fue promulgada.