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CC dice que caso Quiborax evidencia las irregularidades de exautoridades de Evo

Éxito Noticias, 2 de agosto 2021.- La senadora de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, afirmó que para el Movimiento Al Socialismo (MAS) no es conveniente reavivar el caso Quiborax, al asegurar que dicho proceso evidencia la incapacidad de exautoridades del Gobierno de Evo Morales.

Indicó que, al igual que se pretende hacer con el caso “golpe de Estado”, el partido de Gobierno trata de cambiar la realidad con el proceso que involucra a la transnacional chilena, culpando al exmandatario y líder del frente político, Carlos Mesa, por el daño económico realizado al Estado, omitiendo responsabilidades de altos funcionarios del primer mandato de Morales.   

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“Yo creo que al Gobierno del MAS no le conviene sacar (reactivar) ese caso porque es una vergüenza para el oficialismo. Si Carlos Mesa hizo algo, fue hacer las cosas bien y los otros buscan una vez más cambiar la realidad y que los que cometieron las irregularidades y hasta una grave afectación al Estado son los que acusan al expresidente Mesa”.

manifestó.

La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó en su sesión de este miércoles tres juicios de responsabilidades contra el exministro de Gobierno, Alfredo Rada, por el caso La Calancha, contra el expresidente del Estado, Gonzalo Sánchez de Lozada, y contra Mesa por el caso Quiborax.

Al respecto, el líder de CC afirmó este jueves que es una pretensión mentirosa, puesto que en realidad lo que hizo fue nacionalizar los recursos del Salar de Uyuni y expulsar a una empresa “pirata” que había recibido irregularmente una concesión.

Denunció que, por el contrario, hubo una “complicidad” de funcionarios de Evo Morales con dicha empresa, para pagarle 42 millones de dólares por un resarcimiento. Incluso involucró al actual presidente Luis Arce, que era Ministro de Economía cuando autorizó ese pago.

Quiborax es una empresa chilena que explotaba recursos no metálicos en Uyuni, departamento de Potosí. El Gobierno de Mesa, tras una auditoría, anuló las concesiones en 2004 señalando que la empresa no cumplió con las inversiones ni con el plan de explotación.

La firma chilena demandó al Estado y ganó el proceso en 2015. La defensa fue realizada por el entonces procurador general del Estado, Pablo Menacho, el ministro de Justicia, Héctor Arce y el de Minería, César Navarro, del Gobierno de Morales. Bolivia pagó más de 42,6 millones de dólares.

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