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Justicia afirma que ingreso de armamento argentino a Bolivia violó una Ley

Éxito Noticias, 16 de julio 2021.- El ministerio de Justicia, Iván Lima, advirtió que la internación de armamento de origen argentino a Bolivia debe regularse de acuerdo con la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Munición, Explosivos y otros Materiales Relacionados.

“La internación de armas desde Argentina o cualquier otro país tiene que seguir un procedimiento y debe recibir autorizaciones que no correspondían solo al expresidente (Mauricio) Macri, sino a instancias que deben documentar la salida”.

explicó la autoridad, citado en un boletín institucional.

Indicó que el ingreso irregular “implica la comisión de delitos” que ya han sido denunciados en Argentina y remarcó que para la entrada de dicho material debe haber autorizaciones escritas y no puede haber una autorización telefónica, por ejemplo

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La pasada semana el Gobierno informó que supuestamente el general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros, firmó una carta de agradecimiento al exembajador argentino Normando Álvarez, por la entrega de materia antidisturbios. La defensa del militar negó la veracidad de la misiva y afirmó que la rúbrica fue falsificada.

Tras esto, el Gobierno de Argentina aseguró que se envió el material a Bolivia para brindar seguridad a la embajada de ese país durante los conflictos de 2019, pero en mayor cantidad de la que se registró, por lo cual una parte fue destinada a la Policía Boliviana.

Lima aclaró que, si el justificativo del armamento era el resguardo de una delegación diplomática, se tenía que haber cumplido con lo determinado en la Convención de Viena en relación al resguardo de embajadas.

Agregó que en este caso, se configura también una responsabilidad penal para quienes omitieron ejercer sus funciones o autorizaron el ingreso ilegal de armamento.

El ministro Lima advirtió que, para evitar la impunidad de los autores de la ruptura del orden constitucional que derivó en “masacres” y corrupción en el Gobierno de Jeanine Áñez, están en curso investigaciones de grupos de trabajo como el GIEI-Bolivia (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes).

La autoridad expresó la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Penal Internacional o ante la Corte Internacional de Justicia.