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Defensoría denunció permisividad del Gobierno hacia accionar ilegal de ‘grupos privados’

Éxito Noticias, 9 de agosto 2020.- La Defensoría del Pueblo denunció la permisividad del Gobierno de Jeanine Áñez con “grupos privados” de carácter parapolicial y paramilitar, en relación a los enfrentamientos registrados este domingo donde el grupo denominado “Resistencia Juvenil Cochala” (RJC) desbloqueo vías del departamento de Cochabamba, con uso de petardos y armas artesanales.

Mediante un comunicado, la institución indica que conoce la conformación y permanencia en el territorio boliviano de grupos con “carácter parapolicial y paramilitar”. Asegura que a título de defender posiciones políticas, estas personas se han arrogado de manera ilegal facultades propias de la Policía Boliviana y con la aquiescencia de esa institución y del Gobierno.

“Este grupo irregular demandó a los ciudadanos que estaban allí apostados a que levanten su medida bajo amenazas del uso de la fuerza, lo que provocó amagues de enfrentamiento. La Policía se puso en medio de ambos bandos para evitar hechos de violencia, pero como se evidencia en las filmaciones no intervino, conforme a su mandato legal y constitucional, para evitar las agresiones de ese grupo civil irregular”.

dice parte del comunicado de la Defensoría.
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Remarcó en imágenes y videos difundidos en medios de prensa y redes sociales, se puede observar que la ‘RJC’ utiliza varios vehículos y motocicletas, portando chalecos antibalas, armamento artesanal, similar a bazucas, y petardos, así como lo hizo en anteriores ocasiones y con “la permisividad del Estado boliviano”

La Defensoría indicó que este tipo de acciones por parte de estos grupos ya fueron denunciados por la Institución Defensorial como por organismos internacionales, quienes expresaron preocupación por la información de la existencia de grupos privados, con la presunta aquiescencia de autoridades, que implementan acciones violentas contra personas y autoridades locales.

“La Defensoría del Pueblo exige al Órgano Ejecutivo, a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Boliviana que investiguen los hechos violentos  desarrollados en las ciudades de La Paz y Cochabamba por estos actores privados, e iniciar las acciones para desarticularlos y cumplir lo establecido por la CIDH que señala que “el Estado tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia y el deber de investigar los hechos en los que han participado”.

dice el documento.

Asimismo, señala que en reiteradas oportunidades se solicitó a la Policía Boliviana, al Ministerio de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado que desarrollen las acciones necesarias para investigar los delitos cometidos por estos grupos irregulares y que cumplan con las recomendaciones emanadas por organismos internacionales para que se desarticulen esos grupos irregulares.

La tarde este domingo se registraron fuertes enfrentamientos entre el grupo de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y las personas que bloqueaban a la altura del kilómetro 10 de la avenida Blanco Galindo en Colcapirhua (Cochabamba), en demanda de elecciones generales el 6 de septiembre.

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