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Huaraya: Gobierno comete delito de traición a la patria al entregar YPFB a la brasileña Petrobras

Éxito Noticias, 5 de agosto de 2020.- La presidenta, Jeanine Añez, y las autoridades hidrocarburíferas del país cometieron el delito de Traición a la Patria y pueden ser sometidos a procesos judiciales con 30 años de cárcel sin derecho a indulto al entregar la administración de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a ex ejecutivos de la brasileña Petrobras quienes realizaron contratos lesivos contra el país, según el diputado del MAS, Julio Huaraya.

“Según el artículo 359 de la Constitución Política del Estado (CPE), los hidrocarburos, cualquiera sea su estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, ‘son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano’ y administrados por el Estado”, asevera Huaraya.

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“En el parágrafo II del mencionado artículo indica que ningún contrato, acuerdo o convenio, de forma directa o indirecta, tácita o expresa podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en el presente artículo. En el caso de vulneración los contratos serán nulos de pleno derecho y quienes lo hayan acordado, firmado, aprobado, o ejecutado, cometerán delito de Traición a la Patria” explica el legislador.

El 3 de marzo, YPFB firma la octava adenda al contrato de venta de gas a Brasil, con la que se tiene una pérdida millonaria para el país. Según esta modificación del contrato a partir del 11 de agosto el punto de entrega del energético a la firma brasilera ya no es Rio Grande sino Puerto Suárez y el transporte de este tramo de 570 kilómetros debe ser cubierto por la estatal petrolera boliviana, lo que representa una pérdida de 5,4 millones de dólares al mes, por lo que en este año los ingresos para Bolivia disminuyen en unos 58 millones de dólares.

Pero no es el único contrato lesivo que firmaron las autoridades del actual gobierno, sino que también que los dos metros cúbicos adicionales que se entregó a Brasil durante el mes de julio a un precio inferior al que se paga por los otros 14 metros cúbicos.

Además, según el diputado opositor, en abril, el presidente de YPFB, Richard Botello, aceptó la cláusula de fuerza mayor para que Petrobras reduzca la compra de gas boliviano a solamente 10 millones de metros cúbicos día, a pesar de que en Brasil no ingresó a una cuarentena por la pandemia.

Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos y presidente del directorio de YPFB se ‘lavó las manos’ y dijo que él no firmó la adenda y quien lo hizo fue el presidente de la corporación estatal y argumentó que se tomó esa decisión para evitar las multas que se tenían de gestiones anteriores, cuando lo correcto debió ser que las actuales autoridades presenten la denuncia ante el Ministerio Público a los posibles responsables de esas multas.

Con la firma de esa adenda al contrato, se redujeron drásticamente los ingresos económicos para el país, ya que la entrega de gas disminuyó en 10 metros cúbicos, se redujo el precio de los volúmenes adicionales y se debe pagar el transporte.

Ejecutivos de Petrobras se hicieron cargo de YPFB

Otro aspecto que denota claramente la privatización de la corporación estatal es que, desde enero de este año, los altos cargos de YPFB están bajo la administración de personal que anteriormente trabajaba en la brasileña Petrobras y por lo que se sospecha que esta adenda fue firmada por los ejecutivos de la firma nacional para beneficiar a su exempresa.

En la lista de personeros de YPFB que llegaron desde Petrobras se encuentran –según la televisora Gigavisión- el propio presidente de YPFB, Richard Botello, quien anteriormente trabajó por 20 años en la empresa Schulemberg, subsidiaria de Petrobras, y a quienes benefició con la aceptación de la condición de fuerza mayor para que la brasileña deje de comprar gas a Bolivia por 28 días en el mes de abril.

Otro de los ejecutivos de YPFB que llegó desde Petrobras es Ricardo Pacheco, asesor general de la presidencia ejecutivo después de trabajar 12 años en Petrobras, fue quien asesoró la firma de la octava adenda y tras la firma de la misma renunció a su cargo.

Anderson Cesar de Meneses, gerente general de YPFB Logística llegó después de trabajar 16 años en la firma del vecino país, mientras que Aquiles Pfeiffer Yureidini estuvo diez años en Petrobras y luego pasó a ser gerente general de YPFB Refinación.

Raquel Quevedo, después de ocho años en Petrobras se convierte en la Gerente de Comercialización de YPFB Corporación y la directora jurídica de la firma nacional, Verónica García, llegó al cargo después de prestar sus servicios por 14 años en Petrobras.

El cuestionamiento no surge porque profesionales expertos en el área asuman los altos cargos de la firma nacional, sino que, a menos de tres meses de haber asumido los cargos, YPFB firmó la octava adenda al contrato de compra – venta de gas al Brasil, con grandes pérdidas para Bolivia y muchos beneficios para la empresa brasileña.

El artículo 124 de la Carta Magna fija que las personas que cometan el delito de Traición a la Patria “merecerá la máxima sanción penal”, mientras que el Código Penal precisa que el boliviano que incurra en el delito de traición “será sancionado con 30 años de presidio sin derecho a indulto”.

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