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Una de las acusadas en caso respiradores pidió la inspección ocular del proceso para demostrar su inocencia

Foto: Archivo

Éxito Noticias, 29 de junio 2020.- Una de las imputadas por la adquisición con sobreprecio de respiradores, de origen español, solicitó al Ministerio Público la inspección técnica ocular y la reconstrucción en el proceso para demostrar su inocencia dentro del caso que desató un escándalo en el Gobierno de Jeanine Áñez.

Por el caso respiradores, hay dos mujeres investigadas con detención preventiva, la primera es Ana Espinoza, consultora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) que fue contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la otra se trata de Gabriela Pérez, también consultora de la Aisem, de quien no trascendió la información sobre su papel específico en el proceso de compra.

El pasado 8 de mayo alertó a Pacheco, a través de una carta, que los respiradores que iba a comprar el Gobierno eran «muy básicos, de poca durabilidad y nuevo en el mercado”, y que no cuenta con todas las certificaciones de calidad.

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El abogado de la acusada, Moisés Ponce de León, señaló que su cliente no pude ser procesada por corrupción, ya que no sería funcionaria pública argumentando que ella solo fue parte “de la cadena administrativa”, además de ser consultora en línea.

“Solicitamos la inspección seguida de reconstrucción, con el objetivo de demostrar la participación de cada una de las personas que está siendo investigada en el caso respiradores. El cómo se tramitó en el BID el crédito y desembolso del dinero para los respiradores, lo único que ella hizo es ser parte de la cadena administrativa y, además desconocía absolutamente que se estaba cometiendo algún hecho ilícito”.

manifestó.

Estos equipos que estaban destinados para pacientes con coronavirus (Covid-19) en el país fueron observados por especialistas porque justamente no ayudarían a personas en estado grave. Además del proceso judicial, la Asamblea Legislativa de Bolivia creó una comisión para investigar el caso, que es el mayor escándalo por supuesta corrupción en Bolivia desde que asumió el Gobierno interino el pasado noviembre.

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