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Gobierno sacrifica empresas estatales en acuerdo con el FMI

(Por Óscar Alarcón)

Éxito Noticias, 26 de junio 2020.- Un nuevo ciclo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) abre paso a un cambio de rumbo en la economía boliviana. Un informe divulgado por ese organismo multilateral devela que el gobierno transitorio procedió al recorte del presupuesto de inversión de las empresas del Estado para reducir el déficit fiscal y determinó continuar con esta medida durante 2020 y los siguientes años, mediante reducciones en los gastos de capital de esas entidades públicas.

En el documento, denominado Solicitud de Asistencia Financiera en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), se reconoce que la nueva administración presidida por Jeanine Áñez encaminó acciones concordantes con la línea de acción del FMI y asegura que, desde noviembre de 2019, tomó medidas para reducir el déficit fiscal como la disminución de recursos de las empresas del Estado.

Manifiesta que se redujo la inversión de las empresas públicas para mantener el déficit del sector público no financiero (SPNF) en 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, cuyo valor nominal se estableció en $us 44.921 millones, según el Presupuesto General del Estado. El informe también observa que anteriormente Bolivia había acumulado cinco años de aumento del déficit fiscal y del financiamiento de esos déficits por parte del Banco Central de Bolivia (BCB).

Las causas que motivaron el creciente déficit fiscal en los últimos años están relacionadas con la crisis económica internacional, la caída de los precios de materias primas, incluido el petróleo, que mermó los ingresos del Estado por la venta de gas a los mercados de Brasil y Argentina, países que además redujeron la demanda del energético por la disminución de la actividad industrial y la recesión económica, respectivamente.

En ese contexto, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) utilizó el déficit como un instrumento para gestionar recursos que garanticen la ejecución de proyectos de inversión pública y de esa manera contribuir a  sostener el crecimiento del PIB, un enfoque opuesto a los intereses empresariales y políticos que respaldan a la actual administración y contrario a la visión del FMI, en lo que concierne al gasto corriente e inversión.

Pese a que el actual Órgano Ejecutivo tiene carácter transitorio, compromete decisiones de orden político y económico que corresponden a la nueva administración que emergerá de las urnas el próximo 6 de septiembre. El documento del FMI asegura que el gobierno también anunció su determinación de “continuar con una reducción sostenida del déficit fiscal (del orden del 1% del PIB por año) que le permitiría alcanzar un 4% del PIB en 2022”.

El informe menciona que el gobierno –que inició su gestión el 12 de noviembre del año pasado– destaca como un logro la disminución del déficit fiscal de 8,1% en 2018 a 7,2% en 2019. Sin embargo, en una entrevista con el periódico El Deber, el exministro Luis Arce Catacora afirmó que durante su gestión el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas extremó esfuerzos para reducir el déficit de ese año, cuyos resultados fueron verificados en el Grupo Macro, instancia que reúne a las autoridades que presiden las entidades del sector económico y financiero para evaluar resultados de ingresos, gastos e inversión, entre varios indicadores, en el marco de las metas establecidas en el Presupuesto General del Estado. Asimismo aclaró que la estrategia que se utilizó para alcanzar esa meta se fundamentó en controlar el gasto corriente, pero de ninguna manera en reducir la inversión pública.

La exautoridad informó que en la última reunión del Grupo Macro que le tocó presidir (el 8 de noviembre de 2019) “el resultado observado del déficit fiscal del sector público al 5 de noviembre fue muy auspicioso, pues apenas llegó al 5,1% del PIB, muy inferior al 8,1% observado en 2018”. Según esta explicación, 2,1% del déficit corresponden a gastos ejecutados en el último tramo del año, concretamente en 49 días.

La idea de volver a restablecer la relación de endeudamiento con el FMI fue una iniciativa de la actual administración gubernamental. El 10 de abril de este año, mediante una carta de intención dirigida a Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, y el presidente del BCB, Guillermo Aponte, a nombre de  Bolivia, solicitaron asistencia financiera para cubrir las necesidades urgentes de balanza de pagos  emergente de la variación en curso en sus términos de intercambio, la desaceleración de los flujos de capitales y el aumento repentino de las necesidades de gasto en atención de la salud, precipitados por la pandemia del COVID-19.

En la misiva las autoridades bolivianas informaron acerca de las políticas en respuesta a la crisis sanitaria, como los pagos de ayuda directa de aproximadamente $us 70 por niño (Bono Familia) a los hogares con niños escolarizados, el pago de una transferencia directa en efectivo (Canasta Familiar) de aproximadamente $us 50 por hogar.

El costo de las medidas de alivio, según la proyección del gobierno, se calcula en 0,6% del PIB. El documento establece que el «gasto adicional se solventará acelerando las reducciones proyectadas en los gastos de capital de las empresas públicas. Si la crisis se profundizara o se prolongara, las autoridades tratarían de generar nuevas reducciones en los gastos de capital de las empresas públicas”.

Luego de una evaluación de la propuesta gubernamental y tras verificar la capacidad de endeudamiento del Estado y de repago al FMI, el Directorio Ejecutivo del organismo aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia de aproximadamente $us 327 millones (equivalente a 240,1 millones Derechos Especiales de Giro-DEG).

Pese a que el FMI, a través de su portavoz Gerry Rice, manifestó que el mencionado crédito no tiene condicionamientos, es innegable que se sacrifica la inversión de las empresas del Estado para reducir el déficit con el consentimiento de ese organismo, ya que aprobó el crédito luego de aceptar las propuestas y argumentos esgrimidos por las autoridades transitorias. Además, se hace referencia a un conjunto de medidas que están en sintonía con sus lineamientos y evidencia que vuelve a marcar la pauta de la política económica.

Con relación a las recomendaciones de políticas del FMI al gobierno de Áñez, el documento establece que a mediano plazo “las autoridades tienen la intención de garantizar la convergencia fiscal en torno de una posición fiscal sostenible, sin financiamiento del déficit fiscal por parte del BCB”, como ocurría en la gestión que antecedió al gobierno transitorio.

En los acuerdos de empréstitos con organismos multilaterales se establecen metas macroeconómicas, entre ellas el déficit, que en el tiempo dan paso a otras reformas. En ese contexto, las estimaciones del personal técnico del FMI “ubican el nivel sostenible a largo plazo del déficit fiscal general en torno al 3% del PIB e indican que un régimen de tipo de cambio fijo exigiría un control presupuestario más estricto que uno flexible”.

El FMI tenía un lugar en la reunión del Grupo Macro hasta el año 2005, sabe que puede volver y recuperar el control de la política económica, pero también está consciente que esa posibilidad depende del resultado de las elecciones presidenciales de septiembre. En el análisis de la coyuntura percibe el clima de incertidumbre y avisa que “existe el riesgo de que un nuevo gobierno asigne una prioridad menor que el gobierno actual al mantenimiento de políticas sostenibles”.

(*) OAT es periodista.

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