Éxito Noticias, 28 de febrero 2026.– La representante de los gremiales, Mercedes Quisbert, expresó su preocupación por el anuncio del Banco Central de Bolivia (BCB) respecto a la validez de los billetes de la serie “B” en cortes de 10, 20 y 50 bolivianos. En entrevista con Radio Éxito, señaló que esta medida impacta directamente en su sector ya que trabajan con esos billetes en la circulación cotidiana. Indicó que los vendedores más humildes son los más propensos de recibir esos billetes.
“Estamos muy preocupados, ustedes saben que las caseritas en el mercado empiezan a manejar los billetes de 10 y 20 bolivianos. Estamos todos confundidos con esta situación porque ayer, por ejemplo, en la mañana yo he recibido billetes de 10 de la serie B y ahora qué va a pasar con esto. Esa es la incógnita que se está preguntando la población”, manifestó Quisbert.
La dirigente explicó que los gremiales trabajan principalmente con billetes de cortes pequeños, por lo que cualquier restricción o retiro de circulación afecta directamente su actividad económica. “La familia gremial trabaja con billetes pequeños y chicos, eso es preocupante. La gente también está con miedo de traer billetes de cortes bajos porque hay muchos que están circulando de la serie B”, agregó.
Ante esta situación, Quisbert anunció que el sector gremial pedirá una reunión con el Gobierno para que se les explique de manera clara cómo se procederá con estos billetes y qué mecanismos se aplicarán para evitar perjuicios económicos. “El día lunes vamos a tener una reunión de directorio y vamos a bajar a nuestras bases porque nosotros somos los más perjudicados”, adelantó.
La representante insistió en que la incertidumbre generada por el pronunciamiento del BCB debe ser atendida con urgencia, ya que los billetes de la serie “B” ya estaban en circulación antes del accidente aéreo en El Alto y forman parte del flujo económico cotidiano de comerciantes y consumidores.
Los gremiales esperan que el Gobierno brinde una explicación transparente y soluciones concretas para garantizar la seguridad jurídica y evitar que la población, especialmente los sectores más vulnerables, sufra consecuencias económicas por la medida.
