Éxito Noticias, 17 de junio 2026.- La respuesta oficial del Gobierno al pliego presentado por la Central Obrera Boliviana (COB) plantea la instalación inmediata de mesas de diálogo y trabajo, pero condiciona cualquier avance a la preservación de la libre transitabilidad, el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, además de rechazar una amnistía general para las personas procesadas en el marco de los conflictos.
En un documento emitido este 17 de junio, el Ejecutivo ratificó su disposición al diálogo con la COB y los sectores sociales, señalando que la atención de las demandas deberá desarrollarse mediante una agenda pública, plazos definidos, actas verificables y mecanismos de seguimiento institucional.
Uno de los principales puntos de la respuesta gubernamental se refiere a los derechos humanos y las garantías para los movilizados. El Gobierno afirmó que no respaldará normas que criminalicen la protesta pacífica ni que limiten de forma desproporcionada el derecho a la movilización. Sin embargo, remarcó que mantendrá su obligación constitucional de garantizar la circulación de ambulancias, el abastecimiento de productos esenciales y el funcionamiento de servicios básicos.
Respecto a las personas detenidas durante los conflictos, el Ejecutivo descartó una liberación automática o una amnistía generalizada y anunció que solicitará al Ministerio Público revisar individualmente las medidas cautelares de cada caso, diferenciando las protestas pacíficas de hechos vinculados con violencia, daños materiales, ataques a personas o interrupción de servicios esenciales.
En el ámbito económico, el Gobierno reafirmó que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la transferencia de recursos naturales a intereses privados que afecten al Estado. Asimismo, comprometió mayor transparencia en las negociaciones de créditos y acuerdos internacionales y propuso la conformación de una mesa técnica para debatir la distribución de recursos bajo criterios de pacto fiscal.
La respuesta también incorpora medidas relacionadas con investigaciones de presuntos hechos de corrupción y narcotráfico. En ese marco, el Ejecutivo expresó su respaldo a la conformación de una comisión legislativa especial para investigar el denominado caso “narcomaderas”, vinculado a la droga incautada en Chile, además de ratificar su cooperación con la comisión ya existente sobre el caso “narcomaletas”.
En materia de combustibles, el Gobierno aseguró que priorizará el abastecimiento interno y la estabilidad de precios, al tiempo que impulsará políticas orientadas a diversificar la matriz energética mediante el uso de vehículos eléctricos, híbridos y combustibles alternativos. También anunció una mesa técnica con el sector transporte para analizar denuncias sobre carburantes defectuosos y evaluar posibles mecanismos de resarcimiento.
Otro de los compromisos asumidos es la conformación de una comisión técnica para revisar la Ley 065 de Pensiones, considerando aspectos de sostenibilidad financiera, protección de los trabajadores y fuentes de financiamiento. Paralelamente, se instalarán mesas de trabajo para abordar el pliego petitorio de la COB y las demandas sectoriales relacionadas con empleo, producción y seguridad social.
En cuanto al abastecimiento y la canasta familiar, el Ejecutivo sostuvo que impulsará medidas urgentes para contener la especulación, fortalecer la producción nacional y proteger el poder adquisitivo de la población. Para ello, convocó a la COB a colaborar en la normalización de la circulación de personas, mercancías e insumos productivos.
El documento también contempla una mesa de trabajo para revisar el cumplimiento de la normativa ambiental en áreas protegidas y reservas naturales, además de ratificar una política exterior basada en la soberanía, la integración regional y la solución pacífica de controversias.
En la parte final de la respuesta, el Gobierno reiteró que las demandas sociales serán atendidas mediante mecanismos de concertación, pero enfatizó que no renunciará a su responsabilidad de garantizar el trabajo, el abastecimiento, la atención médica y la seguridad de la población. “La línea del Gobierno es clara: diálogo sí; violencia, coacción, bloqueo de servicios esenciales e impunidad, no”, señala el documento.
