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    Gobierno remitió a la Asamblea proyecto para reforzar lucha contra delitos financieros y salir de la “lista gris” del GAFI

    Éxito Noticias, 18 de junio 2025.- El Ejecutivo remitió este miércoles a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que plantea modificaciones al Código de Procedimiento Penal, con el fin de incorporar técnicas de investigación especializadas contra el financiamiento del terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas. Esta medida responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que mantiene a Bolivia en su “lista gris”.

    La ministra de Justicia, Jessica Saravia, explicó que la propuesta incluye la figura del agente encubierto, que permitirá a policías especializados operar con identidades falsas para recolectar información clave, y la técnica de entregas vigiladas, utilizada para seguir el rastro de remesas ilícitas hasta sus destinatarios con el fin de identificar a los implicados.

    Saravia remarcó que estas herramientas están dirigidas a combatir organizaciones criminales con estructuras sofisticadas, muchas veces ocultas tras empresas fachada o cuentas bancarias en el extranjero. “Este tipo de delitos requiere una investigación más compleja, porque se trata de operaciones encubiertas que pretenden introducir dinero ilegal al circuito económico legal”, explicó.

    La ministra también señaló que fortalecer estas capacidades permitirá a Bolivia desarticular redes delictivas desde su núcleo financiero, mejorar la identificación de responsables y enfrentar delitos precedentes como el tráfico y trata de personas. “No olvidemos que la trata es la nueva esclavitud del siglo XXI”, subrayó.

    En el contexto internacional, Bolivia fue incluida por el GAFI en su lista de vigilancia reforzada por la falta de legislación específica en esta materia. Aunque el país ha avanzado en más del 90% de las acciones recomendadas, aún enfrenta presiones políticas y cívicas que frenaron una anterior propuesta legal.

    Con esta nueva iniciativa, el Gobierno apunta a completar los estándares exigidos para que Bolivia sea retirada de la “lista gris” y refuerce su sistema de prevención contra delitos financieros de alto impacto.

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