Éxito Noticias, 6 de abril 2026.- El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5600, una norma que pone fin a las contrataciones directas en el sector público y establece la obligatoriedad de realizar licitaciones para todas las compras estatales.
La disposición, emitida desde el Ministerio de la Presidencia, deja sin efecto más de 160 decretos supremos que durante años permitieron adjudicar contratos sin procesos competitivos. Con ello, se elimina un mecanismo que había sido utilizado de forma recurrente para la contratación de bienes y servicios sin comparación de ofertas.
A partir de la vigencia de la norma, todas las instituciones públicas deberán regirse por procesos transparentes y competitivos, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
El decreto también instruye a los ministerios a realizar una revisión de las contrataciones directas efectuadas en gestiones anteriores, con el objetivo de detectar posibles irregularidades. Este proceso deberá ser reglamentado en un plazo de 30 días por las carteras de Presidencia y Economía.
No obstante, se establece que los contratos iniciados antes de la nueva normativa continuarán bajo las reglas con las que fueron tramitados, con el fin de garantizar su validez legal.
Según el Gobierno, la medida busca reforzar la transparencia, promover la competencia y optimizar el uso de los recursos públicos.
