Éxito Noticias, 4 de enero 2025.- La crisis política en Venezuela volvió a generar pronunciamientos internacionales y esta vez fue Bolivia la que fijó una postura oficial. El canciller Fernando Aramayo declaró que “el carácter del presidente constitucional en Venezuela es un hecho jurídico controvertido”, en referencia a los cuestionamientos sobre la legitimidad de los procesos electorales de 2018 y 2024. La autoridad subrayó que la situación no puede analizarse de manera superficial y que requiere un abordaje histórico y político más amplio.
Aramayo remarcó que Bolivia mantiene su compromiso con el derecho internacional, el multilateralismo y la Carta de las Naciones Unidas, pero advirtió que no se debe usar la normativa internacional de manera selectiva. Según explicó, el derecho internacional no regula de forma absoluta las acciones contra individuos acusados de crímenes internacionales, especialmente en escenarios donde existe colapso del Estado de Derecho o ruptura constitucional.
El canciller también descartó que el caso venezolano pueda ser interpretado bajo el marco del derecho internacional humanitario, ya que Venezuela no se encuentra en un contexto de guerra. Para el Gobierno boliviano, lo que se vive es el resultado de más de dos décadas de captura de la institucionalidad democrática, lo que ha derivado en un reconocimiento constitucional “controvertido, por decirlo menos”.
En su pronunciamiento, Aramayo sostuvo que el escenario actual abre la posibilidad de un proceso complejo orientado a la recuperación de la democracia, la independencia de los poderes públicos y el respeto a los derechos humanos. Bolivia, dijo, buscará participar en mecanismos multilaterales que contribuyan a la cohesión social, la reconciliación interna y la creación de condiciones para el retorno de millones de venezolanos que hoy viven fuera de su país.
Finalmente, el canciller aclaró que la salida de la delegación venezolana de Bolivia no fue una decisión del Estado boliviano y que los canales diplomáticos se mantienen abiertos, aunque la normalización dependerá del restablecimiento del orden constitucional en Venezuela. También garantizó atención consular a los bolivianos en ese país y anunció que se evaluará la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos en territorio nacional, con el objetivo de evitar un uso oportunista de las políticas migratorias.
