Éxito Noticias, 15 de diciembre 2025.- El Gobierno denunció que varias empresas estatales se encuentran en una situación crítica debido a lo que calificó como un “saqueo institucional” ocurrido en gestiones anteriores. Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica del Fortalecimiento a la Empresa Pública, informó que firmas como la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) y la ensambladora de computadoras Quipus atraviesan una quiebra técnica que amerita su clausura. La declaración fue realizada durante la presentación de un informe sobre la situación de las empresas públicas y el “saqueo millonario” al Estado.
El viceministro de Coordinación y Gestión Pública, Julio Linares, junto a Camacho, detalló que EASBA solicitó préstamos superiores a 1.800 millones de bolivianos para su implementación, de los cuales apenas restituyó el 9%, sin abonar capital ni intereses. Linares denunció que el Ministerio de Economía, en administraciones pasadas, gestionó ante el Banco Central de Bolivia (BCB) constantes ampliaciones del “periodo de gracia” para evitar que la empresa reportara mora, lo que prolongó artificialmente su funcionamiento.
Además de EASBA y Quipus, el informe identificó otras empresas en quiebra técnica, entre ellas la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), la textil Yacana y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). En el caso de YLB, Camacho reveló que solo en 2024 se registraron pérdidas por 196 millones de bolivianos, lo que refleja la magnitud de la crisis en el sector.
Camacho lamentó que “se jugó con el futuro de los bolivianos” privilegiando la ideología sobre la economía, lo que calificó como “caprichos personales” de las anteriores gestiones. En el caso de EASBA, puntualizó que la empresa gozó de 13 años de periodos de gracia sin cancelar nunca la deuda, lo que constituye un ejemplo de la falta de responsabilidad en la administración de recursos públicos.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que existen otras “empresas zombies” que operan con patrimonio negativo y que se requieren al menos 697 millones de bolivianos para solventar sus obligaciones inmediatas. El Gobierno aseguró que trabaja en un plan de reestructuración y cierre de las firmas inviables, con el objetivo de frenar el deterioro financiero y evitar que continúe el impacto del “saqueo institucional” en la economía nacional.
