Éxito Noticias, 1 de septiembre 2026.- El Viceministerio de Transparencia presentó este martes una denuncia penal ante el Ministerio Público contra exfuncionarios del Banco Central de Bolivia (BCB), a quienes señala por un presunto daño económico superior a Bs 4,5 millones relacionado con la impresión de billetes conmemorativos del Bicentenario, realizada durante el gobierno de Luis Arce.
De acuerdo con el viceministro de Transparencia, Yamil García, el 18 de abril de 2024 se autorizó la impresión de un millón de estas piezas con la intención de comercializarlas y generar recursos para el Estado. Sin embargo, una auditoría reveló que la venta tuvo una demanda muy inferior a la prevista, ya que durante el periodo analizado solamente el 3,8% de los billetes había sido adquirido.
La baja comercialización dejó un saldo de 962.115 piezas sin vender. García explicó que, tomando como referencia el promedio de 270 billetes vendidos mensualmente durante los primeros cinco meses de 2026, se necesitarían aproximadamente 297 años para colocar todo el stock restante, siempre que ese ritmo de ventas se mantenga. Para la autoridad, este resultado evidencia que antes de comprometer los recursos públicos no se realizó un estudio suficiente sobre la viabilidad de la operación.
“no se ha efectuado un mínimo estudio técnico ni legal que demuestre la factibilidad de la operación”, cuestionó García al referirse a la decisión de imprimir el millón de billetes. Según la denuncia, entre los posibles responsables figuran el expresidente interino del BCB Edwin Rojas Ulo, los integrantes del directorio de ese entonces y otros exfuncionarios que ocupaban cargos jerárquicos dentro de la institución.
El Viceministerio de Transparencia señaló que la denuncia contempla al menos tres delitos, entre ellos conducta antieconómica, debido al presunto uso irregular de recursos públicos que habría provocado un perjuicio cuantificable. “La finalidad (es) no solamente iniciar el proceso y determinar responsabilidades, sino también proceder con la anotación de bienes que puedan permitir al Estado boliviano recuperar estos recursos”, afirmó García. Ahora será la Fiscalía la que investigue el caso y determine si existen responsabilidades penales por la operación.
