Éxito Noticias, 11 de enero 2025.- El Gobierno nacional y los gremiales de La Paz, El Alto y del departamento de Beni acordaron este viernes que la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado, que dispone el decomiso de productos almacenados para fines especulativos, no será aplicada hasta que no se cuente con el reglamento.
Además, determinaron que la medida legal no afectará a los comerciantes minoristas, aspecto que también serán inscrito en el reglamento que será aprobado a través de una Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Los acuerdos fueron anunciados por el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, y el representante de los gremiales de la ciudad de El Alto, Pedro Valda, al final del encuentro realizado la tarde de este viernes.
“Ellos han planteado que en el reglamento debe señalar textualmente que el alcance de la normativa no va a llegar al sector del comercio minorista. Segundo, han planteado la necesidad de tener este tipo de reuniones en todas las federaciones departamentales de gremiales del país y tercero, han señalado la importancia de informar a la población que la aplicabilidad de la disposición séptima de la Ley financial no está en vigencia mientras no tengamos la reglamentación aprobada y consensuada con aquellos sectores que se crean afectados”, explicó Silva.
La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Sectores como los gremialistas objetaron la disposición, que está incluida en la Ley 1613 del Presupuesto General Del Estado – Gestión 2025, que entró en vigor el 1 de enero por fuerza de ley debido a que la Asamblea Legislativa no la trató dentro de los 60 días de plazo que le otorga la Constitución.
En contra de esta determinación, algunos sectores anunciaron que marcharán el lunes 13 de enero.
