Éxito Noticias, 17 de junio 2026.- El Gobierno del presidente Rodrigo Paz respondió oficialmente al pliego petitorio presentado por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari”, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales, y les extendió una invitación abierta a instalar un diálogo “franco, pleno y profundamente democrático” con el objetivo de resolver la crisis social y poner fin a los bloqueos que afectan al país.
A través de una carta dirigida a los dirigentes campesinos, el Ejecutivo afirmó que la democracia es la única vía para solucionar los conflictos y aseguró que brindará todas las garantías necesarias para que el encuentro se desarrolle en un ambiente de respeto y confianza. Asimismo, ratificó su compromiso con el Estado de Derecho y las garantías constitucionales, señalando que busca restablecer la convivencia entre el Estado y los movimientos sociales mediante acuerdos que respondan a las demandas de la población.
En la respuesta al primer punto del pliego, referido a la presunta importación y distribución de combustible adulterado, el Gobierno reconoció la preocupación de los sectores movilizados y anunció la creación inmediata de una Comisión de Revisión del Combustible, integrada por representantes de organizaciones sociales, técnicos y especialistas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Esta instancia tendrá la tarea de verificar la calidad del carburante en los puntos fronterizos antes de su ingreso y distribución en el territorio nacional.
Además, el Ejecutivo informó que se encuentran en marcha procesos de resarcimiento para las personas afectadas por posibles daños ocasionados por combustibles de mala calidad, para lo cual se habilitarán puntos móviles de recepción de documentos en las 20 provincias del departamento de La Paz. También aseguró que se realizarán auditorías a los contratos de importación y que se iniciarán procesos penales contra exautoridades y funcionarios que resulten responsables de irregularidades.
Respecto a la segunda exigencia, relacionada con un alivio económico para la población, el Gobierno recordó la vigencia del Decreto Supremo 5630, que permite el refinanciamiento y la reprogramación de créditos mediante acuerdos entre los prestatarios y las entidades financieras. Según el Ejecutivo, esta norma contempla periodos de gracia y nuevas condiciones de pago ajustadas a la capacidad económica de los ciudadanos, sin que los intereses se acumulen hasta el final de la obligación.
Finalmente, el Gobierno reiteró su disposición a analizar las demás demandas planteadas por las organizaciones sociales, entre ellas la abrogación de varios decretos supuestamente inconstitucionales, y pidió una pronta respuesta a la convocatoria. La administración de Rodrigo Paz sostuvo que el diálogo es el mecanismo idóneo para superar las tensiones actuales y avanzar hacia una solución consensuada que permita recuperar la estabilidad y la paz social en Bolivia.
