Éxito Noticias, 10 de febrero 2026.- La Asamblea Legislativa activó un proceso de fiscalización dirigido a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para recabar información detallada sobre la contratación de crudo y condensado con la empresa internacional Trafigura, en el marco del abastecimiento del mercado interno para la gestión 2026.
Los documentos de fiscalización, remitidos a la estatal petrolera, solicitan informes técnicos, económicos y administrativos que respalden el proceso, mediante el cual se adjudicó el suministro de hidrocarburos. En particular, los legisladores requieren conocer los criterios utilizados para la fijación de los llamados “premios por barril” en los distintos puntos de entrega.
Según los datos consignados en la documentación contractual, el precio establecido para la entrega de crudo en la estación Pocitos (Yacuiba) alcanza los 20,88 dólares por barril, mientras que para la terminal Sica Sica–Arica se fijó en 22,88 dólares por barril. La fiscalización legislativa pide a YPFB explicar de manera documentada la estructura de estos costos, los márgenes aplicados y las variables consideradas para su determinación.
Asimismo, el requerimiento parlamentario incluye la remisión de información sobre los volúmenes referenciales comprometidos, los montos máximos contractuales, las condiciones de entrega bajo modalidad DAP (Delivered At Place) y los informes de evaluación que sustentaron la adjudicación a Trafigura. El objetivo es verificar que el proceso se haya realizado conforme a la normativa vigente y que se hayan resguardado los intereses económicos del Estado.
Otro punto central del control legislativo es el cambio de proveedor en la importación de crudo, luego de que YPFB dejara de operar con Botrading S.A., empresa creada en 2023 para la comercialización de carburantes. En ese sentido, los fiscalizadores solicitan detallar las razones técnicas, financieras y administrativas que motivaron esta decisión, así como su impacto en los costos de importación.
Los documentos también exigen identificar a las autoridades que autorizaron y firmaron los contratos y adendas, además de precisar los mecanismos de control interno implementados para supervisar la ejecución contractual y el cumplimiento de las condiciones acordadas.
Desde el ámbito legislativo se señaló que esta fiscalización forma parte de las atribuciones constitucionales de control sobre las empresas estratégicas del Estado y que, una vez analizada la información requerida, no se descarta la remisión de antecedentes a instancias de control y al Ministerio Público, en caso de identificarse presuntas irregularidades.
