Éxito Noticias, 23 de septiembre 2025.- La investigación por la avalancha humana en el colegio Juan Misael Saracho, que dejó una estudiante muerta y otra en terapia intensiva, apunta también a la Alcaldía de Oruro, dado que un funcionario municipal habría otorgado el permiso para la realización del evento en instalaciones del establecimiento. El fiscal departamental, Aldo Morales, cuestionó que el municipio autorizara el evento pese a que la Dirección Distrital de Educación lo había negado.
“No entendemos cómo la Alcaldía ha dado la autorización sin que se dé el visto bueno del director distrital de Educación, nosotros conocemos que es un colegio público donde la autoridad tiene que dar su visto bueno y no solo la directora, profesores o padres de familia”, remarcó Morales en contacto con radio Éxito.
Según el Ministerio Público, el coliseo escolar no reunía condiciones mínimas de seguridad, es decir, no había salidas de emergencia, personal de resguardo ni espacio suficiente para la cantidad de asistentes. A ello se suma que los padres de familia vendieron entradas sin considerar la capacidad del recinto. La Fiscalía anticipa que el caso también será ampliado por el delito de uso indebido de bienes del Estado.
En la audiencia de medidas cautelares prevista para este martes, la Fiscalía solicitará la detención domiciliaria para la directora del colegio y para Percy Ríos, vocalista del grupo Sangre Cumbiera, ambos imputados por homicidio culposo y lesiones culposas.
La investigación reveló que se produjeron al menos dos avalanchas humanas, una en la puerta del colegio y otra en el interior del evento, de acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad y videos difundidos en redes sociales.
Pericias en curso hallaron manchas hemáticas en distintos puntos del establecimiento, que serán sometidas a pruebas de ADN para determinar si corresponden a las víctimas. El fiscal anticipó que estas pericias y otras pruebas científicas podrían tardar unos tres meses.
Mientras tanto, no se descarta que la lista de delitos imputados se amplíe, lo que agravaría la situación de los procesados, quienes en su primera declaración guardaron silencio.
