Éxito Noticias, 26 de noviembre 2025.- La Fiscalía Departamental de La Paz citó al exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, y al presidente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, para declarar la próxima semana en el marco de una investigación por presunto daño económico al Estado que supera los 6 millones de bolivianos. El fiscal Omar Quisberth confirmó que ambos deberán comparecer en calidad de sindicados.
De acuerdo con la notificación, Rubén Ríos deberá presentarse el miércoles 3 de diciembre a las 10:00 para prestar su declaración. El dirigente es acusado de la supuesta venta irregular de harina a EMAPA, hecho que se investiga bajo la figura de enriquecimiento ilícito. La citación ocurre en medio de la tensión generada por el reciente incremento del precio del pan de batalla a 80 centavos, medida adoptada por el sector panificador y que generó críticas en distintos sectores sociales.
El memorial presentado por el Ministerio Público también incluye a Franklin Flores, exgerente de EMAPA, como parte denunciada. La acusación fue interpuesta por el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción contra cinco personas, a quienes se atribuyen una serie de delitos vinculados a dos convenios firmados con los panificadores. Según la investigación preliminar, se identificaron irregularidades en la entrega de harina destinada a garantizar el abastecimiento del mercado interno.
El fiscal Quisberth explicó que las pesquisas buscan establecer responsabilidades en torno a la administración de recursos públicos y la presunta desviación de insumos estratégicos. “Estamos ante un caso que podría configurar daño económico al Estado, por lo que se ha dispuesto la citación de los involucrados para esclarecer los hechos”, señaló la autoridad judicial. La investigación se encuentra en etapa preliminar y podría derivar en imputaciones formales si se confirman los indicios.
Este proceso se desarrolla en un contexto de creciente conflictividad entre el Gobierno y el sector panificador, marcado por el alza del precio del pan y las denuncias de corrupción en la distribución de harina. La Fiscalía anticipó que continuará con la toma de declaraciones y la recopilación de pruebas para determinar el grado de participación de los sindicados, mientras la población permanece atenta al desenlace de un caso que involucra a actores clave en la cadena de producción de alimentos básicos en Bolivia.
