Éxito Noticias, 4 de diciembre 2025.- La Fiscalía anunció que presentó una apelación contra la detención domiciliaria otorgada al secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, y a su hijo, Ricky R. M., decisión asumida por un juez este miércoles en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de harina subvencionada entregada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Así lo confirmó el fiscal Ronald Jurado.
“Estamos a la espera de que el recurso de apelación sea remitido ante el Tribunal de alzada donde el Ministerio Público va a exponer los fundamentos y agravios correspondientes”, remarcó Jurado. La autoridad señaló que al Fiscalía expuso los riesgos de fuga y obstaculización de la investigación que representa la determinación de detención domiciliaria, por lo que no está conforme con las medidas dispuestas, ya que considera que los elementos expuestos durante la audiencia virtual demuestran la gravedad del caso y la presunta participación tanto del dirigente como de su hijo en un esquema que habría causado daño económico al Estado.
Durante la audiencia, el juez determinó la detención domiciliaria sin custodio ni salida laboral para ambos, además del arraigo, el pago de fianzas, Bs 60.000 para Ríos y Bs 30.000 para su hijo, y la obligación de presentarse periódicamente al Ministerio Público para el registro biométrico. No se estableció riesgo de fuga debido a que informes de la Dirección General de Migración no registran movimientos migratorios de los investigados.
Sin embargo, la Fiscalía considera que estas medidas no son proporcionales frente a la imputación presentada, que incluye los delitos de contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Según los antecedentes del caso, Ríos suscribió un contrato de arrendamiento de su almacén por aproximadamente Bs 19.200 mensuales, acumulando Bs 192.000 en diez meses. Además, habría sido beneficiado con otro contrato para el transporte de harina de trigo desde Caracollo hasta Oruro por un monto de Bs 299.997,50. La Fiscalía sostiene que ambos contratos generaron un perjuicio económico al Estado y que existía un “clan familiar” beneficiándose de la harina subvencionada de Emapa.
