Éxito Noticias, 15 de enero 2026.- El abogado Edwin Lenin, defensa legal del exministro de Obras Públicas Edgar Montaño, informó que la Fiscalía decidió ampliar las investigaciones contra el exministro Milton Claros y el expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henrry Nina, dentro del proceso por presuntas irregularidades en la construcción de la carretera El Sillar, que conecta Santa Cruz con Cochabamba.
Según el jurista, el Ministerio Público identificó un supuesto daño económico al Estado de aproximadamente 3 millones de dólares, derivado de contratos y procedimientos observados en la ejecución de la obra. Este proyecto vial ha sido cuestionado en varias etapas por problemas técnicos y administrativos, y ahora se convierte en el centro de un proceso judicial que involucra a exautoridades de alto nivel.
Edgar Montaño, quien guarda detención preventiva en la cárcel, es uno de los principales investigados en el caso. En las últimas horas, la justicia le negó la libertad durante una audiencia de apelación, lo que prolonga su permanencia en el recinto penitenciario mientras avanzan las pesquisas.
El abogado Lenin sostuvo que la ampliación de la investigación hacia Claros y Nina responde a la necesidad de establecer responsabilidades compartidas en la administración de la obra, que fue considerada estratégica para mejorar la transitabilidad en uno de los tramos más conflictivos de la carretera entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.
La Fiscalía apunta a que durante las gestiones de Claros y Nina se habrían cometido irregularidades en la supervisión y adjudicación de contratos, lo que derivó en observaciones técnicas y financieras. Estos elementos refuerzan la hipótesis de un manejo inadecuado de recursos públicos en el proyecto.
El caso “El Sillar” se perfila como uno de los procesos más relevantes en materia de infraestructura y corrupción en el país, al involucrar a exministros y expresidentes de entidades estatales. La justicia deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados y establecer las sanciones correspondientes en un proceso que sigue generando repercusiones políticas y sociales.
