Éxito Noticias, 21 de abril 2026.- El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, denunció que efectivos policiales intentaron entregar evidencias relacionadas al caso del narcotraficante Sebastián Marset de manera irregular, sin cumplir los conductos legales establecidos. La autoridad remarcó que toda prueba debe ser presentada siguiendo los procedimientos procesales, caso contrario corre el riesgo de ser anulada por la justicia.
Mariaca se refirió a la aparición de una segunda caja fuerte con dinero y joyas, revelada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, más de 40 días después del operativo. “Le guste o no, nosotros dirigimos la investigación”, afirmó, cuestionando que se pretenda incorporar nuevos elementos fuera de plazo y sin el debido control del Ministerio Público.
El fiscal general recordó que en su momento sugirió al ministro abrir una investigación sobre presuntos robos de valores y objetos durante el operativo contra Marset, pero la respuesta fue que “no era necesario”. En ese sentido, advirtió que la falta de coordinación entre instituciones puede poner en riesgo la transparencia del proceso.
Mariaca también aclaró que no se trata de dañar la imagen de la Policía ni del Ministerio de Gobierno, sino de garantizar que las pruebas tengan validez jurídica. “No estamos siendo abusivos, simplemente debemos cumplir los plazos procesales”, señaló, dejando abierta la posibilidad de citar a declarar al ministro Oviedo para esclarecer las circunstancias de la aparición de la caja fuerte.
El fiscal general enfatizó que cualquier intento de entregar documentación o evidencias de manera informal genera responsabilidades para los fiscales y puede afectar el curso de la investigación. Por ello, pidió que se respeten los procedimientos legales y se evite la improvisación en un caso de alta relevancia.
Finalmente, Mariaca confirmó que contra Sebastián Marset existen múltiples procesos abiertos por tráfico de drogas, armas y legitimación de ganancias ilícitas. El investigado ya se encuentra detenido en Estados Unidos, mientras en Bolivia continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en torno al manejo de las pruebas.
