Éxito Noticias, 25 de julio 2025.- La audiencia cautelar de Ruth Nina fue fijada para este sábado a las 11:00 y será de manera virtual, sin embargo la defensa de la dirigente de Pan – Bol asegura que no se puede realizar esta audiencia ya que la imputación formal no fue notificada a tiempo.
” Desde las 13:10 de la tarde, que ha sido aprehendida la señora Ruth Nina, corre el plazo para la Fiscalía de 24 horas para emitir la imputación formal. A la fecha no tenemos conocimiento de la imputación formal, ya han pasado las 24 horas, son las cinco de la tarde. Ahora bien, a nosotros no se nos está notificando con la imputación formal, hemos mandado un nuevo memorial solicitando la liberación de Nina”, indicó.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, valoró este viernes la decisión de Ruth Nina de presentarse ante el Ministerio Público tras ser citada por sus polémicas declaraciones en el trópico de Cochabamba, aunque remarcó que deberá asumir la responsabilidad por sus palabras y que la justicia siente un precedente.
“Reconocemos que la señora Ruth Nina se haya presentado ante la justicia. Es una lección para el señor Evo Morales sobre cómo se debe acudir respetuosamente ante estas instancias (…). Esperamos que la justicia pueda sentar un precedente”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa.
El Ministerio Público ordenó la aprehensión de Nina luego de que se presentara a declarar en el marco de las investigaciones en su contra, por presunta instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización de procesos electorales, tras haber afirmado durante un ampliado político el 12 de julio que “en vez de contar votos, van a contar muertos” en las elecciones previstas para el 17 de agosto.
Ríos enfatizó que ese tipo de discursos no solo generan inseguridad, sino que representan un riesgo directo para el proceso electoral y la democracia.
Asimismo, rechazó que la dirigente del extinto partido Pan-Bol intente culpar a los medios de comunicación por la difusión de sus declaraciones.
Ante esta situación, Ríos señaló que corresponde al sistema judicial determinar las medidas que se adoptarán en este caso; sin embargo, reiteró que se espera un precedente que desincentive discursos de odio y amenazas en contextos electorales.