Éxito Noticias, 3 de marzo 2026.- La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra Karina Serrudo, expresidenta de la Aduana Nacional, en el marco de un proceso por presuntas irregularidades en la construcción de oficinas de la institución en Tarija. El fiscal Aldo Meza informó que se solicitó una alerta migratoria para evitar que la exautoridad abandone el país, ya que hasta el momento se desconoce si continúa en territorio nacional. La medida busca garantizar su comparecencia ante el Ministerio Público.
El caso se centra en la adquisición de un terreno y la edificación de oficinas de la Aduana en Tarija, donde se habrían detectado sobreprecios significativos. Según la investigación, el terreno fue comprado por 2,77 millones de bolivianos, pese a que existía una oferta de 1,8 millones. Además, el proyecto de construcción, valuado en aproximadamente 23 millones de bolivianos, habría fijado un costo por metro cuadrado de 1.000 dólares, cuando el valor real rondaba los 300 dólares, lo que habría generado un daño económico al Estado superior a los 10 millones de bolivianos.
El Ministerio Público imputó a Serrudo por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Estas acusaciones se suman a otro proceso abierto en su contra por la compra de escáneres con un presunto sobreprecio de 20 millones de bolivianos, lo que agrava su situación judicial y refuerza la necesidad de medidas cautelares para evitar riesgos de fuga u obstaculización de la investigación.
El fiscal Meza explicó que ya se han solicitado informes y requerimientos para determinar con precisión el daño económico ocasionado al Estado. Asimismo, se ejecutaron otras aprehensiones vinculadas al caso, como la del exfiscal de obras encargado de supervisar la construcción en Tarija, quien no se presentó a declarar y fue trasladado a La Paz para brindar su testimonio.
Karina Serrudo dirigió la Aduana Nacional entre 2020 y 2025, durante el gobierno de Luis Arce. Su gestión ha sido cuestionada por diversos contratos y adquisiciones que hoy son objeto de investigación. El Viceministerio de Transparencia también presentó denuncias formales en su contra, lo que evidencia la magnitud del proceso y la preocupación por posibles actos de corrupción que habrían afectado directamente a las arcas públicas.
