Éxito Noticias, 20 de octubre 2026.- El exministro de Defensa Reymi Ferreira defendió su actuación en la contratación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA) y afirmó que responderá ante la justicia por la denuncia presentada en su contra. La exautoridad cuestionó parte de la información difundida sobre el proyecto y sostuvo que el principal problema actual radica en la falta de mantenimiento de los radares.
Ferreira, quien figura entre las 19 personas denunciadas por el Ministerio de Defensa por presuntas irregularidades en el proyecto, señaló que todavía no conoce oficialmente el contenido de la querella y que espera recibir la notificación correspondiente para revisar los elementos de la acusación. Aseguró, sin embargo, que asumirá su responsabilidad por la etapa de contratación que estuvo bajo su gestión.
“Yo soy responsable en la primera parte. Yo hice la contratación y voy a responder por ella”, afirmó durante una entrevista en radio Éxito. Según explicó, la adquisición se realizó con participación técnica de la Fuerza Aérea y después de analizar las características y necesidades del sistema de vigilancia aérea.
La exautoridad también rechazó las versiones que presentan el proyecto como una adquisición excesivamente costosa. Señaló que inicialmente el proyecto tenía un costo cercano a los 360 millones de euros, pero durante su gestión se redujo a 191 millones mediante la eliminación de cinco radares que estaban previstos para el altiplano.
“Nosotros ese proyecto lo bajamos de 360 millones, lo bajamos a 191, queda un precio estándar”, sostuvo Ferreira, quien explicó que la reducción respondió a una evaluación sobre las zonas prioritarias para el control del espacio aéreo y la lucha contra el narcotráfico.
El exministro cuestionó además las cifras que atribuyó a las autoridades actuales. Aseguró que mientras se habló públicamente de nueve radares, los informes que conoció mencionan 13, y sostuvo que también existen diferencias respecto a la cantidad de puntos que actualmente funcionan.
Según Ferreira, de acuerdo con la documentación que revisó, 18 de 22 puntos del sistema se encontrarían operativos y cuatro no funcionarían. Esta versión difiere de los datos presentados por el Ministerio de Defensa, que informó observaciones en 11 de los 13 radares instalados, con dos equipos sin observaciones, nueve con observaciones y dos fuera de servicio.
Uno de los principales cuestionamientos del exministro apunta al mantenimiento del sistema. Aseguró que la empresa contratista era la encargada de proporcionar soporte técnico y repuestos, por lo que consideró contraproducente que la denuncia también alcance a la compañía.
“Si uno ve la demanda, no es solamente contra los exfuncionarios, es contra la propia empresa, que es la única que podría dar el soporte técnico y los repuestos”, afirmó.
Ferreira sostuvo que el proyecto comenzó a funcionar y que los problemas actuales obedecen, en gran medida, a la ausencia de mantenimiento durante varios años. Según su versión, algunos equipos llevan entre cuatro y cinco años sin recibir el soporte necesario, situación que podría acelerar su deterioro y provocar un mayor perjuicio económico al Estado.
“El gran problema de este proyecto, los radares están ahí, son de primerísima generación, pero no hay un contrato de mantenimiento”, señaló.
La exautoridad recordó que el proyecto tenía una vida útil estimada de alrededor de 20 años y que, según su cálculo, los equipos todavía tendrían unos 15 años de utilización. Por ello, pidió que, independientemente de la investigación penal, el Gobierno analice la posibilidad de restablecer el mantenimiento para evitar que los equipos instalados se deterioren.
Ferreira también reivindicó el propósito original del proyecto: fortalecer el control del espacio aéreo boliviano frente al narcotráfico. Aseguró que la implementación de los radares buscaba detectar vuelos ilegales y sostuvo que uno de los equipos llegó a identificar miles de vuelos irregulares.
“Es la única forma de parar el centro logístico de apoyo que tiene la red del narcotráfico en Sudamérica, es controlando el espacio aéreo”, manifestó.
Respecto a los otros exministros denunciados, Ferreira dijo que aún desconoce qué responsabilidades específicas atribuye la querella a cada uno. La denuncia presentada por el Ministerio de Defensa alcanza también a Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, además de exfuncionarios y representantes de la empresa contratista.
El exministro atribuyó parte de los retrasos del proyecto a factores que, según dijo, no aparecen en los cuestionamientos actuales, entre ellos la pandemia del COVID-19 y conflictos registrados durante el periodo de ejecución. También recordó que dejó el cargo a finales de 2017 por problemas de salud.
Ferreira negó tener elementos para afirmar que la denuncia responda a una decisión política y pidió que las autoridades revisen toda la documentación antes de establecer responsabilidades. “Yo creo que le falta información al presidente y al propio ministro, no le han dicho todos los datos”, afirmó.
No obstante, manifestó sus dudas sobre la independencia del sistema judicial y señaló que asumirá su defensa con la documentación que conserva de su etapa como funcionario. Aseguró que no pretende obstaculizar la investigación y que está dispuesto a someterse al proceso.
“Yo no tengo ningún problema en ir preso. Me voy a defender. No voy a obstaculizar la investigación”, afirmó Ferreira.
El exministro sostuvo que una eventual investigación debe establecer si existieron irregularidades o hechos de corrupción durante la ejecución del proyecto. “Podrán haber errores administrativos, sin duda, pero dolo, corrupción, yo en mi interior estoy seguro que no, pero eso es la justicia la que lo va a decir, no yo”, afirmó.
La querella presentada por el actual Ministerio de Defensa atribuye un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones y contempla los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales de los denunciados y determinar las condiciones en las que se ejecutó y operó el sistema.
