Éxito Noticias, 6 de marzo 2026.- La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, enfrenta actualmente dos órdenes de aprehensión emitidas por la justicia boliviana. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó que ambas disposiciones continúan vigentes y que la Policía está instruida para ejecutar la detención de la exautoridad.
La primera orden corresponde al caso Fondo Indígena, donde Achacollo es investigada por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía la convocó en reiteradas ocasiones para brindar su declaración informativa, pero su inasistencia derivó en la emisión de la orden de captura. Este proceso se vincula a uno de los mayores escándalos de corrupción en el país, con millonarios recursos destinados a proyectos inconclusos.
La segunda orden de aprehensión fue emitida tras ser declarada en rebeldía por un juzgado, debido a que no se presentó a su audiencia cautelar en el proceso por legitimación de ganancias ilícitas. En este caso, se investiga el incremento patrimonial de más de Bs 100 millones en sus cuentas bancarias durante su gestión como ministra, además de la adquisición de bienes inmuebles en Santa Cruz.
El Fiscal General recalcó que la situación de Achacollo es grave, ya que se trata de dos procesos distintos que avanzan de manera paralela. “Las órdenes de aprehensión están vigentes y deben cumplirse”, sostuvo Mariaca, al remarcar que la exministra se encuentra en condición de rebeldía frente a la justicia.
El caso Fondo Indígena, creado para financiar proyectos en comunidades originarias, se convirtió en símbolo de la mala administración de recursos públicos. Más de 700 proyectos quedaron inconclusos y el daño económico supera los 170 millones de bolivianos, según informes oficiales. Achacollo, cercana al expresidente Evo Morales, fue señalada como una de las principales responsables de la falta de control en la ejecución de los fondos.
La Fiscalía ha solicitado además la búsqueda internacional de la exministra, ante la posibilidad de que se encuentre fuera del país. La resolución de estos procesos será clave para medir la capacidad del sistema judicial boliviano de sancionar casos de corrupción de alto perfil y responder a las demandas de transparencia de la ciudadanía.
