Éxito Noticias, 2 de julio 2025.– El equipo jurídico del Instrumento Político Evo Pueblo, junto a legisladores, ha presentado hoy una denuncia formal tras la reciente filtración de información publicada por el medio argentino Negocios y Política. Esta filtración revela una presunta estrategia coordinada desde altos círculos del gobierno de Luis Arce para impedir la candidatura de Evo Morales en las próximas elecciones, incluyendo pagos de coimas, traiciones y maniobras ilegales.
Según la publicación, se han revelado documentos bancarios, conversaciones privadas y resoluciones filtradas que evidencian una transferencia de 30 mil dólares realizada el 12 de marzo desde la cuenta personal en Panamá de Lourdes Durán Romero, esposa del presidente Luis Arce, hacia la cuenta personal en Panamá del vocal del Tribunal Electoral, Tawichi Tawichi Quispe. Esta transferencia aparece en los mensajes de WhatsApp del exministro de Justicia, César Siles, quien actualmente está detenido y procesado por el caso Consorcio.
Además, la filtración expone que el exministro Siles mantuvo comunicación directa con Tawichi Tawichi, enviándole no solo el comprobante de la transferencia, sino también pasajes aéreos privados y documentos oficiales relacionados con resoluciones para la suspensión de una organización política, lo que pone en entredicho la independencia de los poderes del Estado.
El día siguiente a la transferencia, el 13 de marzo, comenzó el proceso de inhabilitación del Frente para la Victoria, la sigla con la que Evo Pueblo y Evo Morales habían acordado participar en las elecciones, lo que sugiere un vínculo directo entre el pago y la maniobra política.
El medio argentino asegura poseer más de 12 gigas de información del celular de César Siles, lo que podría revelar más detalles en los próximos días.
Evo Pueblo y sus militantes expresan su profunda preocupación y rechazo ante estos hechos que dañan la democracia y la justicia en Bolivia, y exigen una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer esta grave denuncia.
Lo que hasta ayer circulaba como un murmullo en los pasillos del poder se convirtió en una revelación escandalosa que sacude los cimientos de la política boliviana. Una serie de documentos, comprobantes bancarios y chats filtrados expone una maniobra orquestada desde las más altas esferas del gobierno de Luis Arce para impedir, a cualquier costo, el regreso de Evo Morales al escenario electoral de 2025.
Las pruebas son tan crudas como demoledoras: transferencias millonarias desde cuentas offshore vinculadas a la familia presidencial, resoluciones judiciales dictadas desde despachos políticos, y beneficios personales para los operadores que colaboraron en la operación. El hilo conductor: eliminar políticamente a Morales y blindar el poder de Arce.
Una conversación de WhatsApp entre el exministro de Justicia, César Siles, y el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Quispe, revela el envío de 30.000 dólares como parte de un pago acordado. El dinero, según los registros, provino de una cuenta en Panamá a nombre de la esposa del presidente, Brigida Lourdes Durán Romero. El mensaje que acompaña el comprobante es breve pero revelador: “PAGO TOTAL”.
El intercambio no termina en lo financiero. Los mensajes entre Siles y Quispe muestran un tráfico descarado de documentos confidenciales, incluidos informes internos del TSE y resoluciones que, en teoría, deberían ser producto del debate institucional. Días después de uno de esos intercambios, se oficializó la suspensión del partido PAN-BOL, plataforma que había ofrecido cobijo a la candidatura de Morales. La jugada fue quirúrgica y, según los indicios, armada desde el Ministerio de Justicia.
Otro capítulo de esta trama involucra pasajes de avión pagados con fondos de origen sospechoso. Los boletos, gestionados en fechas clave, fueron enviados por Siles al vocal electoral, presuntamente para coordinar reuniones lejos de la lupa pública. Nada indica que se tratara de simples traslados protocolares.
La detención reciente de César Siles por su participación en otra maniobra judicial —la destitución irregular de la magistrada Fanny Coaquira— suma aún más sombras al entramado. Pero los investigadores aseguran que eso es solo el principio: el 95% del material filtrado aún no se dio a conocer. Lo que ya se vio, sin embargo, alcanza para delinear el esqueleto de una operación sistemática de manipulación institucional, con la intención explícita de reconfigurar el mapa político a conveniencia del oficialismo.
Quedan demasiadas preguntas en el aire, y todas apuntan al corazón del poder: ¿Por qué la esposa del presidente transfirió dinero a un juez electoral? ¿Por qué un ministro dictaba resoluciones al TSE? ¿Cuántos otros funcionarios participaron en esta red? Y lo más inquietante: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Arce para perpetuarse?
Bolivia atraviesa horas decisivas. La democracia, arrinconada por el cinismo y la corrupción, espera respuestas. Las evidencias ya están sobre la mesa.
Fuente: Negocios y Política
