Éxito Noticias, 25 de septiembre 2025.– El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, presentó este jueves ante la Fiscalía General del Estado una proposición acusatoria para iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce Catacora. La denuncia se basa en el presunto nombramiento ilegal de Brenda Lafuente como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), hecho que, según Cabezas, vulnera la Ley 353.
“Hemos encontrado pruebas de que el presidente ha cometido cuatro delitos: nombramientos ilegales, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley, e incumplimiento de deberes”, declaró el legislador en Sucre, tras formalizar la denuncia ante el fiscal general Roger Mariaca. Cabezas aseguró que Lafuente no cumplía con los requisitos legales exigidos para el cargo, como seis años de ejercicio profesional en abogacía y experiencia en gestión minera.
El diputado masista reveló que la irregularidad fue detectada en las gestiones 2022 y 2023, pero que no se presentó ninguna denuncia en ese momento debido a que el Ministerio Público “estaba controlado por el Órgano Ejecutivo”. Según su versión, recién ahora se observa mayor independencia institucional, lo que permite activar procesos contra altas autoridades.
Cabezas también hizo referencia a las denuncias personales que Brenda Lafuente presentó contra el presidente Arce. En julio, la exfuncionaria lo acusó por abandono de mujer embarazada, y el 17 de septiembre interpuso una demanda por asistencia familiar, exigiendo que el mandatario cumpla con sus obligaciones económicas respecto al hijo que habría tenido con ella. “Estamos exigiendo que el señor Luis Arce cumpla como cualquier ciudadano su responsabilidad de padre”, declaró recientemente Camila Fuentes, abogada de Lafuente.
La proposición acusatoria presentada por Cabezas marca un hecho inédito dentro del MAS, al tratarse de una denuncia formal contra el jefe de Estado por parte de un legislador del mismo partido. El caso podría abrir una nueva etapa de tensión política y judicial, en medio de crecientes divisiones internas y cuestionamientos a la gestión gubernamental.
