Éxito Noticias, 11 de febrero 2026.- La mañana de este miércoles, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía de La Paz contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, por presuntos hechos de corrupción vinculados a contratos con la empresa Trafigura.
Según Lara, en los acuerdos firmados por la estatal petrolera se habrían identificado irregularidades y un supuesto sobreprecio que alcanzaría los cuatro millones de dólares mensuales, lo que habría generado un perjuicio económico acumulado de 12 millones de dólares en tres meses. En ese marco, atribuyó a Akly la presunta comisión de delitos como conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado e incumplimiento de deberes.
“Es muy lamentable que a pesar de estos malos antecedentes (de la empresa Trafigura), el presidente de Yacimientos haya firmado un contrato. Ni siquiera el señor se ha tomado el tiempo de averiguar qué tipo de antecedentes tiene esta empresa y eso demuestra claramente que la única intención es robarle al país, combustible caro a precio internacional de pésima calidad y ahora con sobreprecio. Lamentablemente a los bolivianos nos duele mucho que ni siquiera sean un poquito conscientes con el pueblo boliviano”, remarcó Lara.
El vicepresidente rechazó un comunicado de YPFB que descarta cualquier irregularidad y aseguró que la denuncia se respalda en contratos firmados por el propio titular de la estatal. Además, solicitó al Ministerio Público la aprehensión inmediata de Akly y su detención preventiva, argumentando el riesgo de que, en libertad y en funciones, pueda influir en testigos u obstaculizar la investigación.
“El presidente de Yacimientos no puede estar un día más como presidente de Yacimientos. ¿Por qué? Porque va a alterar el curso de las investigaciones, la va a obstaculizar, va a manipular información y ojalá que el Ministerio Público no reciba llamadas del Ejecutivo. Pedimos al Ministerio Público que sea imparcial, que cumpla su rol constitucional”, agregó.
Respecto a una eventual responsabilidad del presidente del Estado, Lara señaló que esa valoración corresponde a la opinión pública y a las instancias competentes, en caso de que se demuestre conocimiento previo de los hechos. Aclaró que su accionar no responde a una confrontación política, sino a su rechazo a actos de corrupción.
Asimismo, anunció que impulsará el proceso judicial hasta su conclusión y advirtió que, de ser necesario, promoverá medidas de presión para exigir que la justicia actúe.
“Pedimos al Fiscal General que le dé certeza al país y que todo aquel que le robe al Estado, que le robe a los bolivianos pague con cárcel y se le incaute todos los bienes hasta el último para que los daños que han causado al pueblo sean reparados”, remarcó.
