Éxiro Noticias, 19 de diciembre 2025.- La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió una Acción Popular presentada por el Colectivo Ciudadano Movimiento Naranja contra los principales dirigentes del transporte paceño, acusados de impulsar el incremento de pasajes y promover bloqueos que han agravado la situación económica de la población.
La demanda señala directamente a Lucio Gómez, ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia; Edson Valdez, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de La Paz; Limbert Tancara, dirigente del Transporte Libre; y Santos Escalante, secretario de la Federación de Transporte de La Paz. Todos ellos deberán comparecer en audiencia fijada para el lunes 22 de diciembre a las 16:00 horas.
Además de los dirigentes, fueron convocados el alcalde de La Paz, Iván Arias, y representantes de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), quienes deberán explicar el marco regulatorio vigente y las medidas adoptadas frente al incremento de tarifas en el transporte público.
El Movimiento Naranja argumenta que el alza de pasajes vulnera derechos colectivos de los usuarios, especialmente de sectores populares que dependen diariamente del servicio. Según el colectivo, las decisiones de los dirigentes no solo afectan la economía familiar, sino que también ponen en riesgo el derecho fundamental a la libre locomoción cuando se recurren a paros y bloqueos.
La admisión de la Acción Popular abre un nuevo frente judicial en el conflicto entre transportistas y ciudadanía. El proceso podría derivar en responsabilidades legales para los dirigentes si se comprueba que sus medidas vulneran derechos constitucionales. En ese sentido, el colectivo demandante no descarta que se activen acciones penales adicionales.
El caso se desarrolla en un contexto de creciente tensión social, marcado por protestas de usuarios y advertencias de los choferes de mantener sus medidas de presión. La audiencia del lunes será clave para definir si la justicia ordena medidas inmediatas que frenen el incremento de pasajes y garantice la libre circulación en la ciudad de La Paz.
