Éxito Noticias, 8 de junio 2026.– El diputado Diego Copa informó que impulsa una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la recientemente promulgada Ley de Estados de Excepción, al considerar que la norma vulnera principios constitucionales y convenios internacionales sobre derechos humanos, además de otorgar amplias facultades para el uso de la fuerza en operativos de desbloqueo.
En una entrevista con radio Éxito, el legislador explicó que realizó un análisis técnico del contenido de la ley y concluyó que, si bien una normativa de este tipo podría ser útil para responder a amenazas externas o desastres naturales, su aplicación en el actual contexto de conflictividad social genera preocupaciones jurídicas y políticas.
Según Copa, la legislación podría brindar una “presunción de legalidad y certidumbre” a las actuaciones de efectivos policiales durante intervenciones destinadas a levantar bloqueos, lo que, en su criterio, podría derivar en excesos y en un escenario donde el Estado privilegie el uso de la fuerza por encima del diálogo.
“No podemos permitirnos darle una presunción de certidumbre y legalidad a los funcionarios policiales que vayan a realizar desbloqueos a través del uso de la coercibilidad”, afirmó.
El diputado sostuvo que algunos artículos de la norma permiten interpretaciones que podrían justificar el empleo de la fuerza bajo el argumento de restablecer el orden público, especialmente cuando las autoridades consideren que existen personas armadas o situaciones de riesgo. A su juicio, estos aspectos deben ser revisados a la luz de la Constitución Política del Estado y de los tratados internacionales suscritos por Bolivia.
En ese sentido, recordó que el ordenamiento jurídico boliviano no se limita únicamente a la Constitución, sino que también incorpora compromisos internacionales en materia de derechos humanos, particularmente aquellos vinculados al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Copa manifestó especial preocupación por el tratamiento que la ley podría tener respecto a sectores indígenas originario campesinos que actualmente participan en movilizaciones y bloqueos. Señaló que existen estándares internacionales que establecen mecanismos de protección reforzada para estos grupos y que cualquier intervención estatal debe considerar dichas garantías.
El legislador indicó que la acción de inconstitucionalidad ya se encuentra en preparación y que posteriormente se darán a conocer los artículos específicos observados. Sin embargo, adelantó que la argumentación jurídica estará basada en presuntas contradicciones entre la norma y disposiciones constitucionales, además de convenios internacionales ratificados por Bolivia.
“Ya estamos trabajando en todos esos aspectos y posteriormente vamos a demostrar de manera específica artículo por artículo lo que consideramos que no va acorde a la Constitución Política del Estado”, señaló.
Durante la entrevista, Copa también cuestionó el procedimiento mediante el cual fue aprobada la ley en la Asamblea Legislativa. Afirmó que la norma fue tratada en un tiempo reducido y sostuvo que el Ejecutivo tuvo una participación determinante en la elaboración de la propuesta.
De igual forma, el legislador sostuvo que continuará impulsando acciones legales para revisar la constitucionalidad de la norma y aseguró que su posición responde a demandas recogidas en distintos sectores de la ciudad de El Alto.
“Tenemos una responsabilidad con cada ciudadano y nuestro deber es advertir cuando consideramos que una ley puede generar consecuencias negativas para la población”, concluyó.
