Éxito Noticias, 5 de septiembre 2022.- La diputada de la alianza Creemos, Khaline Moreno, solicitó al Ministerio de Obras Públicas y a la Fiscalía informes por el caso de las “coimas millonarias” de la empresa china Harbour Engeneering Company (CHEC) a ejecutivos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la adjudicación del proyecto de la doble vía Sucre-Yamparáez.
La primera petición de informe escrito fue remitida al titular de la cartera de Obras Públicas, Edgar Montaño, para que explique qué medidas está tomando contra la empresa CHEC y si decidió ejecutar las boletas de garantías, tras la acusación de presunta corrupción en el proceso de licitación.
También solicitó los informes que fueron entregados por la entidad estatal sobre este caso y si instruyó a la institución remitir toda la documentación a la auditoría realizada a la licitación del proyecto carretero en Chuquisaca.
La parlamentaria indicó que en la petición de informe el ministro Montaño debe responder cuantos contratos se adjudicó la empresa CHEC desde 2005 a la fecha.
La segunda petición de informe fue enviada al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para que informe la situación de las personas aprehendidas por el presunto pago de una coima millonaria a funcionarios de la ABC.
Además, el fiscal general debe detallar los pormenores en relación a la audiencia cautelar en la que se determinó la detención preventiva del empresario Jin Zhengyuan, presidente de la empresa china, y del exgerente técnico de la entidad estatal, Cristian Mendieta.
Moreno manifestó que la Fiscalía también debe especificar si es fidedigno el informe preliminar de que el mecanismo de desmonetización del supuesto soborno habría sido con el 20% de anticipo, la compra de facturas por parte del gerente de CHEC a una empresa de alquiler de equipamiento por un valor de 5,3%. Además, si es cierto que al personal de la ABC les entregaron, inicialmente, el 2% del valor del proyecto, al cual se le redujo el 5,3% resultando en 1.350.000 dólares. La diputada indicó que tanto el ministro como el fiscal general deben remitir sus respuestas antes la Cámara de Diputados en un plazo de 10 días hábiles. Caso contrario, el peticionario podrá solicitar al pleno que bajo conminatoria se entregue el mencionado informe en 48 horas.
