Éxito Noticias, 29 de agosto 2025.- La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, alertó sobre los riesgos de injerencia en el sistema electoral por parte de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), y exigió que se realicen pericias tecnológicas e incluso el secuestro de ordenadores de esa institución, con el fin de garantizar la transparencia del proceso electoral en curso.
En contacto con radio Éxito, la legisladora explicó que la normativa vigente, aprobada en 2018, otorga a la Agetic la posibilidad de acceder a los servidores del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). A su criterio, este marco legal abre la puerta a riesgos de manipulación que deben ser investigados de inmediato.
“Se necesitan peritos sobre todo en el ámbito tecnológico. Yo creo que se tendría que secuestrar los ordenadores de la Agetic para evidenciar y rastrear, en base a los servidores y a los usuarios, si ha habido algún intento de ingreso al servidor del Órgano Electoral. Ese ingreso no está prohibido por la ley, y ahí está el problema”, advirtió Campero.
La diputada sostuvo que, aunque el ejemplo más claro de los riesgos fue lo ocurrido en 2019, su preocupación se centra en el escenario actual. Indicó que el informe de la OEA estableció entonces la existencia de servidores ocultos que manipularon resultados; considera que hoy la vulnerabilidad persiste porque la normativa lo permite.
El Ministerio Público de Chuquisaca ya abrió una investigación tras la denuncia de Campero, y anunció que convocará a entrevistas informativas a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para esclarecer si existe o no injerencia de la Agetic en los sistemas de registro y procesamiento de resultados.
La polémica escaló luego de que el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, negara haber afirmado que la Agetic tiene acceso al sistema electoral, denunciando además ser víctima de discriminación y persecución. En paralelo, el presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel, exigió a Quispe que presente pruebas “jurídicamente idóneas” en un plazo de 24 horas o, de lo contrario, se asumirán acciones internas para preservar la credibilidad del proceso.
Por su parte, el fiscal departamental Mauricio Nava Morales aseguró que esta investigación no interrumpirá el calendario electoral ni la organización de la segunda vuelta.
