Éxito Noticias, 20 de octubre 2026.- El uso de casi Bs 17 millones de recursos públicos para la construcción, equipamiento y mantenimiento de una Casa Ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) derivó en una denuncia penal contra siete exautoridades de la estatal petrolera, informó el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García.
La denuncia apunta a quienes ocupaban en 2014 y 2015 los cargos de presidente ejecutivo interino de YPFB, gerente nacional de Administración y Finanzas, jefe de la Unidad de Infraestructura y a cuatro integrantes del directorio que autorizaron el proyecto.
Según García, la construcción de la infraestructura representó unos Bs 2,5 millones, mientras que el equipamiento superó los Bs 14 millones y el mantenimiento demandó más de Bs 120.000. Estos desembolsos forman parte del monto observado por el Viceministerio.
Entre los gastos cuestionados figuran televisores de alta gama, sistemas de sonido instalados en dormitorios y jardines, mobiliario de diseño, cuadros de autor y equipos destinados a seguridad, vigilancia y comunicación. García señaló que algunos de estos bienes no guardaban relación con las necesidades de una institución pública.
“En vez de ser una infraestructura que esté al servicio de la sociedad, hemos observado que muchos de estos gastos, más que corresponder a una institución pública, parecieran ser de un hotel de lujo, un hotel de cinco estrellas”, cuestionó.
El funcionario también observó la instalación de cuatro parlantes en los jardines de la propiedad, cada uno con un costo superior a los 500 dólares. “¿Cuál era la utilidad para tener cuatro equipos suntuosos de sonido en los jardines? ¿Era para fiestas? ¿Para qué tipo de finalidad podía justificarse?”, preguntó.
A criterio del Viceministerio, el proyecto no cuenta con una justificación técnica, económica y social que explique la magnitud de los recursos destinados. Por ello, la denuncia contempla los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
“Los recursos públicos deben tener una justificación económica, técnica y social, de tal manera que sean una inversión y no sean, como en este caso, un gasto ostentoso”, sostuvo García.
La denuncia ya fue formalizada ante el Ministerio Público, que deberá investigar el proyecto, los desembolsos realizados y la participación de las siete exautoridades para determinar si existen responsabilidades penales por el presunto daño económico al Estado.
