Éxito Noticias, 8 de octubre 2025.- La Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos y de resguardo de la democracia como pilar fundamental del Estado de Derecho, expresa su profunda preocupación por la alerta emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la ciudadanía respecto a que se estaría intentando afectar la realización de la segunda vuelta electoral mediante la interposición de denuncias sin fundamento ante el Ministerio Público, con el objetivo de desconocer los resultados de las Elecciones Generales del 17 de agosto.
La institución defensorial reafirma con claridad que la única forma legítima de respetar la voluntad del pueblo boliviano y preservar la institucionalidad democrática es a través de la realización de la segunda vuelta electoral, tal como está establecida en el calendario oficial emitido por el TSE. Cualquier discurso o acción que pretenda obstaculizar, retrasar o poner en duda este proceso constituye una amenaza directa al derecho ciudadano al voto y al normal desenvolvimiento del sistema democrático.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo rechaza toda acción, sea jurídica, política o institucional, que tienda a perturbar la realización de la segunda vuelta electoral. Resulta alarmante que se pretenda vincular situaciones ajenas al proceso electoral con el desarrollo del mismo, generando desinformación y confusión en la opinión pública.
En ese marco, es menester remarcar que el conflicto que pesa sobre magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), no guarda ninguna relación con el proceso electoral en curso, en la medida en que se garantice la realización de la segunda vuelta. La situación jurídica de los magistrados debe seguir su curso conforme a las vías legales e institucionales correspondientes, sin interferir en un proceso electoral que responde exclusivamente a la voluntad del pueblo y a las competencias del Órgano Electoral Plurinacional.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado firme a todos los órganos del Estado y actores políticos a respetar la voluntad ciudadana, actuar con responsabilidad institucional y no afectar el calendario electoral ni la soberanía del voto popular. La democracia boliviana se fortalece en el respeto a las normas, en la transparencia de los procesos y en la garantía del ejercicio pleno de los derechos políticos de la población.
La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los órganos del Estado.
