Éxito Noticias, 24 de abril 2026. – La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) anunció su incorporación a la marcha indígena-campesina que avanza hacia la sede de gobierno, con el objetivo de exigir la abrogación total de la Ley 1720. La organización denunció que la normativa fue aprobada sin consulta previa a los pueblos indígenas y campesinos, vulnerando sus derechos colectivos sobre la tierra.
Los dirigentes de la CSUTCB señalaron que la movilización representa un acto de defensa de las comunidades rurales frente a lo que consideran una amenaza de concentración de tierras en manos de grandes terratenientes. En ese sentido, remarcaron que la única demanda es la anulación inmediata de la ley, descartando cualquier modificación parcial o acuerdos intermedios.
La marcha indígena, que partió desde Porvenir en Pando y ya se encuentra en Caranavi, ha sumado en su recorrido el respaldo de diversas organizaciones sociales. Pese a que el Gobierno firmó un acuerdo con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB) para modificar la norma, los marchistas desconocieron ese pacto y mantienen firme su exigencia de abrogación.
La CSUTCB advirtió que el Ejecutivo será responsable de cualquier consecuencia que pueda registrarse con la llegada de los movilizados a La Paz. Los dirigentes insistieron en que la tensión social se incrementa cada día y que la falta de respuestas concretas podría derivar en un escenario de mayor conflictividad.
El rechazo a la Ley 1720 se centra en que, según los sectores movilizados, favorece a los denominados “gamonales terratenientes” y pone en riesgo la seguridad jurídica de las comunidades campesinas e indígenas. Para los marchistas, la norma contradice principios constitucionales de consulta y participación en decisiones que afectan directamente a sus territorios.
Con la incorporación de la CSUTCB, la marcha indígena-campesina gana mayor fuerza y legitimidad, consolidando la unidad de los pueblos originarios y campesinos en defensa de la tierra. La llegada a La Paz se perfila como un momento clave de presión política, en el que los sectores movilizados esperan una respuesta definitiva del Gobierno.
