Éxito Noticias, 6 de febrero 2026.-La Contraloría General del Estado intensificó el control y seguimiento a exautoridades del país, manteniendo un reporte diario y permanente a la Dirección General de Migración sobre sus movimientos, informó la contralora Sandra Quiroga. La medida se enmarca en la aplicación de la Ley 1352 y en la obligación institucional de comunicar la cesación de funciones, tarea que ya alcanzó a más de 900 exfuncionarios del anterior gobierno.
Quiroga aclaró que, si bien el control migratorio corresponde a otras instancias, la Contraloría remite de manera constante la información necesaria para que se actúe dentro de las competencias legales. En paralelo, anunció que durante esta gestión se priorizarán las auditorías de salud financiera a empresas públicas, un proceso que ya se encuentra en fase de programación y análisis documental.
La autoridad remarcó que estas auditorías responden a una alta demanda ciudadana y que los resultados serán emitidos conforme a los plazos establecidos por norma. Añadió que, en el desarrollo de estos procesos, cualquier indicio que afecte los intereses del Estado será evaluado y validado.
En relación con las declaraciones juradas, la contralora señaló que la responsabilidad sobre la veracidad de los datos recae en cada declarante, precisando que la Contraloría resguarda la información, pero no tiene atribución directa para verificarla, salvo cuando surgen observaciones en el marco de una auditoría.
